A MÁS DE 12 MIL MILLONES OSCILA EL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL DEL ÚLTIMO AÑO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JAVIER DUARTE

El presunto daño patrimonial durante el último año de la administración de Javier Duarte fue por 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos a las arcas públicas, situación...

El presunto daño patrimonial durante el último año de la administración de Javier Duarte fue por 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos a las arcas públicas, situación que pone en la mira a varios ex funcionarios de su primer círculo de gobierno.

Cabe destacar que algunos de ellos ocupan cargos importantes en la Cámara Federal y otros viven alejados de los reflectores públicos tras la caída de Duarte.

El informe de la Cuenta Pública 2016, que el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz entregó al Congreso del estado, revela que del total del presunto daño patrimonial, 718 millones 497 mil 195 pesos corresponden a observaciones a los entes municipales, 6 mil 883 millones 803 mil 779 pesos a la cuenta pública consolidada, y 4 mil 989 millones 949 mil 830 a los entes estatales.

Entre las dependencias observadas destaca la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual no pudo justificar la administración de 6 mil 833 millones de pesos, haciéndose la observación directa sobre Antonio Gómez Plegrin, el sexto titular durante el gobierno de Duarte.

La Secretaria de Seguridad Pública tuvo observaciones por 214 millones 590 mil 971 pesos, estando al frente de la dependencia hasta agosto de 2016 Arturo Bermúdez Zurita y para finalizar la administración José Nabor Nava.

También el área de comunicación social teniendo como titular a Alberto Silva Ramos hasta Octubre de 2016 e Irma Chesti Viveros hasta el final de la administración fue observada por 2 mil 284 millones 812 mil 744 pesos.

Otras dependencias que resultaron con observaciones millonarias fueron la Comisión del Agua del estado de Veracruz con 9 millones 736 mil 133 pesos y la Secretaria de Desarrollo Social con 184 millones 692 mil 778 pesos.

A partir de la entrega de la cuenta pública el Congreso tiene dos semanas para dictaminarla e iniciar la fase de comprobación.

 

 

Con información de La Jornada

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