Luis Raúl González Pérez
Presidente de la CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que en la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos se requiere atender las causas de las amenazas y agresiones, y establecer acciones que den resultados de fondo y que acaben con la impunidad que se ha generalizado.
Señaló que toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos.
Tras señalar que la violencia contra periodistas y comunicadores no es nueva en el país, agregó que no por ello debemos resignarnos o aceptar que exista, ya que en menos de cinco meses se han cometido homicidios que equivalen casi a 5% del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado aumento de 300% en el número de casos respecto de 2016.
El ombudsman nacional destacó que un primer paso para atender las causas de las amenazas y agresiones “sería reconocer, desde el más alto nivel político, la importante labor que realizan los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la necesidad de proteger el libre desarrollo de esas actividades que son cimiente de la democratización de la vida nacional”.
Sería muy útil, agregó, que se tomaran en consideración las opiniones que han formulado instancias especializadas como el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El presidente de la CNDH también pidió que ante la violencia contra periodistas y comunicadores –que es una forma de censura y un desafío para la justicia que la sociedad reclama– deben articularse y coordinarse esfuerzos y capacidades para su abatimiento y prevención, con un compromiso real, eficiencia, pertinencia y dignidad.
De igual manera, se pronunció en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita una protección real, digna y pertinente de los mismos, “bajo estándares que den los mismos recursos y posibilidades de atención a todos los periodistas y defensores, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico, preferencia u orientación sexual o ámbito en que lleven a cabo sus actividades”.
Señaló que el organismo que preside acompañará los trabajos que desde la sociedad civil, la academia y, principalmente, a iniciativa de los propios periodistas, comunicadores y medios se generan para lograr espacios de reflexión en que de manera objetiva, informada y plural se analice la problemática actual en materia de violencia y agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, así como titulares de los Ejecutivos estatales, González Pérez propuso revisar la política pública de protección a periodistas, centrada en preservar la integridad y la vida de las personas, ante la insuficiencia de resultados.
“Es preciso –sentenció— incorporar la prevención como un elemento esencial de estas políticas públicas, lo cual pasa necesariamente por asumir el combate a la impunidad como un objetivo prioritario de las mismas, cuestión que, además, es la única medida cuyo cumplimiento incumbe exclusivamente a las autoridades”.
Demandó que en cada uno de los casos en que se ha atentado contra la vida o integridad física de periodistas y comunicadores se realicen investigaciones prontas, objetivas, integrales y eficaces, que permitan determinar las responsabilidades correspondientes y que los responsables reciban la sanción que en derecho proceda.
Precisó que las autoridades deben presentar a la sociedad un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones, y aunque algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo.
El ombudsman nacional puntualizó que las investigaciones deben realizarse bajo protocolos que pongan en el centro de las mismas la violación a la libertad de expresión y contemplen una perspectiva de género cuando se requiera.
Además, dijo, debe realizarse una estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para combatir las agresiones a periodistas, sin excluir alguna hipótesis, ya que en todos los casos debe abordarse y agotarse como línea central la actividad profesional de las víctimas.
También hizo hincapié en que en la integración de las fiscalías especializadas y en todas las instancias que conozcan de agresiones contra periodistas se cuente con perfiles idóneos y una capacitación adecuada que permita a los servidores públicos tener la sensibilidad y conocimientos para atender este tipo de casos.
González Pérez reiteró que cuando se ataca a un periodista o comunicador, la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, toda vez que al vulnerar la libertad de expresión también se violentan los derechos a la libertad de pensamiento e información, y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático.
En el encuentro, el presidente de la Conago firmó con el secretario de Gobernación un convenio para fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas. Mancera reiteró la posición de los gobiernos estatales de avanzar en los temas de la Recomendación General 24/2016, emitida por la CNDH.
Manifestó la importancia de cumplir con sus puntos recomendatorios y generar un entorno seguro hacia los periodistas y medios de comunicación.
