El Gobierno federal de los Estados Unidos no podrá establecer fianzas desacordes con la capacidad financiera de los indocumentados detenidos.
Lo anterior, lo dictaminó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, al darle la razón a una indocumentada mexicana.
La decisión de la corte favorece a Xóchitl Hernández, quien encabezó una demanda colectiva instaurada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), entre otras organizaciones civiles, para frenar atropellos en ese sentido en el sur de California.
Hernández, a quien le impusieron una fianza de 60 mil dólares, argumentó que los jueces de inmigración no toman en cuenta los ingresos económicos de los indocumentados para establecer el valor de una fianza para lograr la libertad mientras sigue el proceso migratorio.
La mexicana, que tiene cinco hijos y cuatro nietos nacidos en Estados Unidos, fue detenida en Los Ángeles en febrero de 2016 y tuvo que pasar más de seis meses en el Centro de Detención de Inmigración de Adelanto, en California, al carecer de recursos para la fianza.
«Nadie puede ser encarcelado simplemente por su pobreza», aseguró el juez federal Stephen Reinhardt en su fallo.
Esta es la primera vez que una corte de apelaciones federal exigió que las autoridades de inmigración consideren las circunstancias financieras de las personas al fijar la fianza, dijo Michael Tan, abogado de ACLU.
«Es un recordatorio importante que el debido proceso se aplica a todas las personas en Estados Unidos», agregó.
La decisión favorece también a aquellos que están solicitando asilo político.
César Matías, un hondureño que llegó a EU en busca de asilo alegando persecución por sus preferencias sexuales, pasó cuatro años detenido al no poder pagar una fianza de 3 mil dólares.
Matías fue finalmente liberado sin tener que pagar una fianza y aún está esperando que se defina su caso de asilo.
Entre tanto, ante la presión de la demanda, en septiembre del año pasado el juez rebajó la fianza de la mexicana a 5 mil dólares.
«Como el noveno circuito determinó: el Gobierno no debe privar a la gente de su libertad basada en la inhabilidad de pagar mientras están en procedimientos civiles de inmigración», señaló Michael Kaufman, abogado de ACLU del sur de California.
Con información del Excelsior
