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La naturaleza como mercancía Alfonso Díaz Rey Mientras la polémica y el debate acerca de la Ley de Seguridad Interior mantenían ocupada a buena parte de la sociedad, en...

La naturaleza como mercancía

Alfonso Díaz Rey

Mientras la polémica y el debate acerca de la Ley de Seguridad Interior mantenían ocupada a buena parte de la sociedad, en el Senado se aprobó otra ley, la Ley General de Biodiversidad, que era objetada por especialistas en la materia y por organizaciones ambientalistas.

Esta ley, promovida por intereses empresariales y el Partido Verde Ecologista, permitirá a empresas mineras y petroleras realizar actividades en áreas naturales protegidas y otros sitios con valor cultural o ambiental, en detrimento de comunidades de pueblos originarios, flora, fauna, agua, aire, suelo y subsuelo, como parte de la entrega del país al capital monopolista local y extranjero.

Además, la laxitud y flexibilidad en la legislación relativa a variedades vegetales, organismos genéticamente modificados, vida silvestre y el patrimonio biocultural y territorial de los pueblos indígenas, constituye un peligro para la biodiversidad misma, para las comunidades de los pueblos originarios y para el país entero.

Esta ley no debe apreciarse como algo separado e independiente de las llamadas «reformas estructurales» ni de leyes como la de seguridad interior; son parte del proyecto neoliberal que

llevando al máximo la lógica capitalista de convertir prácticamente todo en mercancía, tiene a la naturaleza como su siguiente objetivo.

Pensar que los senadores, el presidente o algún partido político son los responsables de la creación e imposición de leyes que a la postre resultan perjudiciales para el país equivale a quedarnos cortos, equivocar la identificación y ubicación del enemigo y fallar en las acciones que desde esa perspectiva tomemos para intentar corregir el rumbo.

El responsable por la situación actual del país, y no solamente en aspectos ambientales es el Estado mexicano. El Estado como el instrumento mediante el cual la clase dominante, una parte ínfima de la población, ejerce su poder sobre toda la sociedad, instrumento conformado por una serie de instituciones públicas (poderes ejecutivo, legislativo y judicial; secretarías, fuerzas armadas, etc.), privadas (confederaciones y cámaras patronales, medios privados de comunicación, etc.) y otros mecanismos como los partidos políticos, los sistemas electoral y educativo, sindicatos y algunos segmentos de organizaciones religiosas, entre otros.

Es ese grupo en el poder el que a través de su Estado crea las condiciones para mantener y reproducir su dominio sobre todas las demás capas y clases de la sociedad. Parte de su objetivo lo consigue creando e imponiendo una legislación a modo, que legalice y legitime sus acciones y que en caso de protesta social, la represión que ejerza sea también «legal y legítima».

Y esa avidez enfermiza por obtener ganancias de todo, sin importar las consecuencias, es la raíz de los problemas que padece nuestro país y, en un sentido más amplio, la humanidad y el planeta. La pequeña gran diferencia es que la humanidad necesita del planeta y éste continuará existiendo aun sin aquella; por tanto, la lucha por la supervivencia de la humanidad implica necesariamente una lucha por la defensa de nuestro planeta.

Y si la causa de nuestros problemas se encuentra en el Estado, la solución no vendrá sin un cambio radical de éste, un cambio en el que el nuevo Estado sea quien represente y defienda realmente los intereses de la mayoría del pueblo.

Lograrlo no será fácil, pero tampoco imposibl

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