DAN A EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS 6 y 2 AÑOS DE PRISIÓN POR PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la PGJE desplegó diversas investigaciones para obtener sentencias condenatorias, contra dos ex funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito y peculado,...

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la PGJE desplegó diversas investigaciones para obtener sentencias condenatorias, contra dos ex funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito y peculado, quienes desviaron recursos públicos para fines personales.

En el primero de los casos, a través de las diversas diligencias, se comprobó el desfalco por 4 millones 713 en agravio del patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia –DIF- municipal de Celaya, por parte de quien fungió como ex director administrativo en el trienio 2012-2015, JOSÉ DAVID “N”.

Un juez lo halló culpable y lo condenó a pasar seis años y tres meses en prisión.

En octubre de 2015, durante el proceso de entrega recepción de la administración municipal, se detectaron irregularidades en las cuentas de esta dependencia, y a principios de enero del 2016, las autoridades municipales denunciaron el desfalco.

La judicialización por estos hechos, se realizó el 6 de septiembre de 2016 y se radicó en la Agencia Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

La PGJE pudo establecer que el hoy sentenciado, cuando se desempeñaba como empleado en un organismo descentralizado, durante el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2012, al 3 de septiembre de 2015, dispuso a su favor, de recursos económicos que administraba como servidor público.

Está práctica la realizó a través de diversas transferencias electrónicas, que en total superan los 4 millones de pesos.

El ex funcionario, tenía entre sus facultades el manejo financiero de la cuenta bancaria principal y del servicio de banca electrónica, por lo cual contaba a su disposición de instrumentos y herramientas para operar las transferencias.

En la indagatoria, los investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, descubrieron que el sentenciado decidió disponer del patrimonio que administraba, para depositar los recursos a una cuenta a su propio nombre, identificada como cuenta destino.

Además, intentó ocultar esta práctica, al justificar supuestas donaciones al “Orfanato Querétaro”, organismo que no se encuentra registrado en ningún padrón del propio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Celaya.

También se averiguó que no existe convenio, contrato o instrumento jurídico celebrado con esa institución.

Además, pidió que los estados de cuenta fueran entregados solo a él para que nadie más se enterara de lo que había realizado.

La orden de aprehensión en contra de JOSÉ DAVID se cumplimentó el día 21 de noviembre del año 2016, y se dictó el Auto de Formal Prisión el día 24 de noviembre del año 2016.

En consecuencia a lo anterior, el Juez Primero Penal dictó sentencia condenatoria y se le ordenó la reparación del daño en favor del DIF Municipal de Celaya.

• Caso ISAPEG

En el segundo caso, tras la investigación de la PGJE mediante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, obtuvo sentencia condenatoria por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Francisco Javier “N”.

Esta persona se desempeñaba como ex coordinador operativo del departamento de tesorería del Instituto de Salud Pública para el Estado de Guanajuato.

En las pesquisas se pudo corroborar el delito por la cantidad de 132 mil 940 pesos, sin justificación alguna, y de forma anómala, lo desvió para uso particular.

El trabajo de la indagatoria fue desarrollado por agentes de la Fiscalía, en relación a los hechos delictivos cometidos en agravio del patrimonio del ISAPEG.

Los investigadores probaron con plena certeza su responsabilidad, al disponer de diversas cantidades de recurso público para sus cuentas. La cantidad ya fue reintegrada al erario.

Fue condenado a 2 años de prisión.

Estas acciones refrendan el compromiso de la Procuraduría de Justicia y del Gobierno del Estado, con el firme combate a quienes incurran en prácticas deshonestas en el ejercicio de la función pública.

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