EMITE PROFEPA RECOMENDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DURANTE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES ASOCIADAS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

  + Dirigida a gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; solicita implementar programas de capacitación y dotar de equipamiento especializado a brigadas en materia...

 

+ Dirigida a gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; solicita implementar programas de capacitación y dotar de equipamiento especializado a brigadas en materia de atención y respuesta a emergencias químicas.

+ Exhorta a realizar las gestiones para la homologación de legislaciones locales con lo establecido en la Ley General de Protección Civil (LGPC)

+ La inadecuada respuesta a una emergencia química puede hacer de un incidente menor un desastre, con afectaciones significativas para la población y el ambiente.

+ Conforme lo establece la LGEEPA, las autoridades recomendadas tienen un término de 15 días hábiles para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) recomendó a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, implementar programas permanentes de capacitación y dotar del equipamiento de protección personal y especializado –necesario y suficiente– a las brigadas de respuesta en materia de atención y respuesta a emergencias químicas.

Asimismo, los exhortó a realizar las gestiones pertinentes para que las entidades federativas que aún no lo han hecho, homologuen sus legislaciones locales con lo establecido en la Ley General de Protección Civil (LGPC), para dar cumplimiento con lo señalado en el Octavo Transitorio de esa disposición legal.

Con fecha 20 de diciembre del 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitió la Recomendación –número PFPA/1/2c.5/05/2017– para la protección del ambiente durante la atención de emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas.

El documento refiere en el Análisis de la Problemática que motiva su emisión que la ocurrencia de emergencias asociadas con la liberación de sustancias químicas (fugas, derrames, incendios y explosiones, entre otras), genera la diseminación de gran cantidad de sustancias al ambiente, muchas con características peligrosas, como toxicidad, inflamabilidad, explosividad, corrosividad o persistencia ambiental, que afectan a la población y al medio ambiente.

Las afectaciones son agravadas por la falta de capacitación y equipamiento del personal de las brigadas que responden a ese tipo de eventos, lo que ocasiona una mayor diseminación de las sustancias liberadas y sus productos de combustión, así como un incremento en la magnitud de las afectaciones de las matrices ambientales.

La inadecuada respuesta a una emergencia química puede hacer de un incidente menor un desastre, con afectaciones significativas para la población y el ambiente.

Con el propósito de minimizar los impactos a la población, derivados de la ocurrencia de emergencias asociadas a la liberación de sustancias químicas, es necesario que se cuente en los tres niveles de gobierno, con personal capacitado y equipado en el manejo de materiales peligrosos, para atender de manera oportuna y adecuada las eventualidades que pudieran presentarse.

La apropiada respuesta a una emergencia en que estén involucradas sustancias químicas puede cambiar un desastre potencial en un  incidente menor. En cambio, si la respuesta no es la adecuada, un incidente puede convertirse en una catástrofe.

Las actividades de preparación y respuesta a las emergencias químicas, como la capacitación, equipamiento la realización de simulacros, son herramientas clave para responder a de una manera eficiente a este tipo de eventos, con lo que se minimiza los impactos a la población y al ambiente.

Además de la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos en materia de protección civil, se requiere promover la creación y construcción de infraestructura y la distribución de equipamiento de protección civil para fortalecer las herramientas de gestión de riesgo.

La PROFEPA, en el ejercicio de sus facultades, salvaguarda los intereses de la población, brinda asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente y coadyuva en la atención y solución de problemas causados por emergencias o contingencias ambientales, en coordinación con autoridades federales, municipales, de la Ciudad de México y órganos político administrativos.

Lo anterior, motiva que la PROFEPA recomiende a los gobiernos de las entidades federativas a que impulsen en sus entidades, municipios y delegaciones de su jurisdicción, programas permanentes de capacitación para sus brigadas de respuesta en materia de atención y respuesta a emergencias químicas, así como el manejo de sustancias químicas.

La segunda Recomendación es la relativa a que los gobiernos impulsen el equipamiento de las brigadas de respuesta a emergencias químicas, a través de la dotación de equipo de protección personal y equipo especializado para su atención.

El cumplimiento de ambas, minimizar las afectaciones ambientales que se pudieran generar durante la respuesta y atención a este tipo de eventos.

La tercera Recomendación establece que las entidades federativas que aún no han homologado sus legislaciones locales con lo establecido en  la LGPC, se sugiere realicen las gestiones pertinentes, a fin de cumplir con lo establecido en el Octavo Transitorio  de la Ley General en comento.

El articulado transitorio menciona que las autoridades locales realizarán las gestiones conducentes con el propósito de que se realicen las adecuaciones correspondientes en las Leyes y demás disposiciones locales en la materia en un plazo no mayor a 365 días a partir de la publicación de esta Ley, ajustándose en todo momento a sus principios y directrices, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2012.

Conforme lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las autoridades recomendadas tienen un término de 15 días hábiles para informar sobre la aceptación o no de la Recomendación.

En caso de su aceptación, prevé un plazo de 30 días hábiles, posteriores a la aceptación del documento, para remitir a  esta Procuraduría las acciones correspondientes que reflejen el avance y acciones implementadas, para dar cumplimiento a la Recomendación.

 

 

 

 

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