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E T E R N A J O R N A D A

En Cananea, Sombrerete y Taxco llegan a 13 años por los actos ilegales del oligarca Germán Larrea   Por: Oscar Alzaga* Marcha del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia al...

En Cananea, Sombrerete y Taxco llegan a 13 años por los actos ilegales del oligarca Germán Larrea

 

Por: Oscar Alzaga*

Marcha del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia al centro con casco.

 

El 30 de julio llegaron ya a 13 años las tres huelgas en pie de lucha, la frente en alto y en firme resistencia, sin doblegarse ante ningún gobierno –Calderón y Peña-, ni ante el millonario Germán Larrea, ni a las autoridades laborales cómplices.

La solidaridad con las huelgas del Sindicato Minero, guiado por Napoleón Gómez Urrutia, ha sido constante esos 13 años, igual que el apoyo internacional, que ha llevado a que en cada huelga la mayoría minera siga en pie de lucha, aunque tengan necesidades personales no dejan sus guardias ni la unidad minera y de clase.

El secretario del Trabajo del gobierno de Peña Nieto, Navarrete Prida, reclamó al líder minero que los apoyos internacionales “eran intervenciones en la política interna nacional”, ignorando que el artículo tercero constitucional reconoce la solidaridad como garantía ciudadana y un derecho humano nacional e internacional.

Doce años y medio de exilio forzado pasaron Napoleón Gómez Urrutia y su familia, por la persecución política desde el gobierno de Fox, a petición de Germán Larrea, a raíz de que el Sindicato Minero obligó al oligarca a pagarle el 5% de las acciones de la privatización de Cananea en 2005; y después que el líder minero denunció al oligarca y al gobierno de Fox como responsables de la tragedia de Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006, por incumplir las normas de seguridad y las medidas de la Inspección del Trabajo, como consta en las Recomendaciones 26/2006 y la 64/2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El gobierno de Fox libró las órdenes de aprensión para encarcelar a Gómez Urrutia y el 17 de febrero de 2006 retiró la toma de nota del líder minero, para entregarla el mismo día a un empleado de Grupo México, que asaltó el edificio sindical minero con 300 golpeadores. El 20 de abril de 2006, Fox ordenó a Medina Mora desalojar, sin orden judicial, a los mineros que protestaban en las Truchas, Lázaro Cárdenas, asesinando a dos obreros e hiriendo a 51. Así intentaban la destrucción del sindicato independiente, como consta en la Recomendación 37/2006 de la CNDH.

Los gobiernos panistas y el oligarca se toparon con la unidad férrea del gremio minero en torno a su líder, al rechazar el desalojo en las Truchas, donde los expulsados fueron la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía estatal, por los mineros y la población de Lázaro Cárdenas. Este acto fue el inicio de una escalada nacional de represión, que fracasó gracias a la unidad y la heroica organización minera en torno a su líder.

El 30 de julio de 2007 inician las tres huelgas de Taxco, Cananea y Sombrerete debido a las violaciones a los contratos colectivos de trabajo: desconocer a los dirigentes sindicales nacionales y locales de las secciones 17, 65 y 201, respectivamente; el hecho que las empresas negaran las medidas de seguridad en las tres minas, exponiendo a los obreros a otras tragedias; y por la retención de las cuotas sindicales. Violaciones acreditadas en los procedimientos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En las tres huelgas Larrea acudió a pedir su inexistencia, que la JFCA le otorgó, pero las perdieron con los amparos del Sindicato. En Cananea las 4 inexistencias fracasan. Entonces Larrea acude a los recursos más burdos e ilegales en contra de las huelgas, con demandas y juicios paralelos: en Taxco pidió 2 veces la terminación de las relaciones de trabajo, en plena huelga, por el supuesto agotamiento de la mina que fue falso, pues mientras que en la JFCA presentaba “pruebas” del agotamiento, en la Bolsa mexicana de Valores informaba Larrea todo lo contrario.

En Sombrerete, en plena huelga, Larrea usa a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que demandó la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), fracasando en el recuento de 2012, a pesar de “colar” a 78 empleados de confianza y que la JFCA aceptó, pero la violencia de la CROC en el recuento asustó a los empleados y no fueron a votar. Al fracasar, intenta otra demanda de titularidad y usa un sindicato patronal de Monterrey de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI); se valió de una demanda de 210 ex mineros liquidados, que la JFCA aceptó y volvían a ser “mineros activos”, para ganar el recuento, pese a las objeciones fundadas del Sindicato Minero, la JFCA negó que fueran falsos los obreros y así ganaron el laudo. Inmediatamente Larrea movió a la JFCA para abrir la mina con otro CCT, otro sindicato y acabar con la huelga en 2018, pero el amparo fue a favor del Sindicato Minero.

En Sombrerete el oligarca no escatimó usar la violencia para imponerse: Con la CROC, y por la fuerza, tomó la mina en huelga el 30 de agosto de 2012, el mismo día en que interpuso la demanda de titularidad en la JFCA y, después, con el sindicato patronal de FNSI de Monterrey; siempre con la complicidad de los gobiernos. El amparo del Sindicato aún no se resuelve.

En Cananea, al perder las 4 inexistencias, acudió a un juicio de terminación de las relaciones de trabajo por “causas de fuerza mayor”. Contó con una inspección de la Secretaría de Economía que ¡no pudo realizar! por la huelga, pero el dictamen declaró que las condiciones de la mina eran deplorables y por “causas de fuerza mayor”, daba por terminadas las relaciones de trabajo de 1,200 mineros, sin prueba alguna.

El 14 de abril de 2009 en un día se llevó todo el juicio, incluido el Laudo, y escaló la misma versión a las autoridades judiciales que negaron el amparo del Sindicato dando pleno valor a la inspección no realizada. Larrea logró lo inédito: poner a su abogado Gómez Mont como secretario de Gobernación de 2008 a 2010, con Calderón. Así la JFCA declaró concluido el juicio de terminación de las relaciones de trabajo, individuales y colectivas, y fueron despedidos 1,200 mineros, “por causas de fuerza mayor”. Y la huelga quedó sin materia, declaró la JFCA.

No obstantes “las causas de fuerza mayor” la empresa reabrió una semana después, con otro sindicato, otro CCT y otros trabajadores, desde luego se usó la violencia de la PFP para desalojar a los verdaderos mineros. Por ello el 5 de enero de 2012, el Sindicato acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevando el procedimiento, hasta que a finales de 2016 la Comisión le pide al Estado mexicano su informe, al que responde el embajador de México en la Organización de Estados Americanos (OEA) en marzo de 2017, que debía negar la admisibilidad al Sindicato Minero, “por no haber agotado los recursos jurisdiccionales en México”, sin presentar una prueba de sus afirmaciones.

Al Sindicato se le otorgó el derecho de réplica, informando a la CIDH que sí había agotado todos los recursos jurisdiccionales, acompañando de pruebas sus afirmaciones. Precisando que la inspección de la Secretaría de Economía era inválida y que el juicio de la terminación de las relaciones de trabajo no se llevó con debido proceso y que las autoridades laboral y judicial carecieron de independencia.

El 31 de agosto de 2015 se exhibió un estudio comparativo de los dos CCT, el del Sindicato Minero de 2005 y el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de 2012, donde se muestra la mutilación del primero: que baja salarios y prestaciones, hasta volverlo de protección patronal como los denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo, Caso 2694. En 2005, el salario integrado era en promedio de 450 pesos diarios, en 2012 con la CTM era de 150 pesos diarios. Siendo ese el propósito central del oligarca Larrea: reducir sus costos en la fuerza de trabajo, a costa de todo, gozando de impunidad.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores actual, encargada de los asuntos de la OEA y la CIDH, se le pidió que cumpla con los tratados internacionales, que son leyes que ya forman parte de la Constitución, en su mismo rango, para que la CIDH proceda a determinar la admisibilidad del asunto de Cananea, P-5-12, y que llame a un diálogo amistoso, a la conciliación como vía de solución, a lo que hasta ahora se ha negado Germán Larrea.

*Abogado miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.

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