Sin embargo, buscan revertir su mala imagen pública con costosas “estrategias de Comunicación Social” y difusión para las que, entre 2015 y 2016, firmaron –de acuerdo con sus registros de Compranet– 10 contratos, que suman un monto de 45 millones 85 mil 354 pesos.

Las filtraciones, el balconeo por sus prestaciones de privilegio, bonos y altos sueldos, y la escasa información en su Portal de Transparencia, incrementó el número de visitas a la página web de la Cámara de Diputados y las solicitudes de información.

Por ejemplo, el contrato DGAJ-010/2016, con Grupo Nacional Provincial, S.A.B., para un Seguro de Gastos Médicos Mayores para los diputados, del 10 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2018, por 165 millones 764 mil 745.42 pesos; el acuerdo del Comité de Administración, del 3 de marzo de 2016, para el arrendamiento de 80 coches eléctricos, por 29 millones de pesos; o el contrato GAJ-001/2016 con la empresa SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V., por 221 millones 665 mil 832.22 pesos, para “suministros” del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 del Comité de Administración –de la licitación pública HCD/LXIII/LPN/02/2016, incrementan el interés ciudadano.

Los cuestionamientos de las solicitudes de información van sobre asesores, viajes, sueldos, seguros, su trabajo legislativo, entre otros.

Por eso, este lunes, los jefes de los partidos en San Lázaro se reunirán en la Junta de Coordinación Política –después de un mes de no hacerlo– para proponer un nuevo plan de austeridad, que incluiría –según se comprometieron ya el PAN y el tricolor– revisar hasta sus altos salarios, eliminar seguros médicos, gastos en combustibles, comidas, el excesivo uso de celulares con cargo al erario, viajes internacionales y viáticos, entre otros derroches.

Tan sólo de enero a junio de 2016, la Unidad de Transparencia recibió 894 solicitudes de información pública, 149 solicitudes por mes, en promedio –indica el Informe de la Unidad– y señala que en mayo se recibió el mayor número de solicitudes, con 225, y en enero, el menor número, con 96.

De este total –se señala– el 94.9 por ciento fueron tramitadas y concluidas al 30 de junio; el 4.6 aún se encuentran en proceso de atención; el 0.7 fueron canceladas, toda vez que el solicitante no atendió la prevención que le fue notificada.

Reporta que en 2015 se recibieron mil 795 solicitudes de información pública –y mil 443 en 2014–, 149 por mes, destacando que en enero se recibió la mayor cantidad, con 645, y caso contrario diciembre, que registró 46.