El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, a fin de establecer una garantía para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia a los periodistas y defensores de los derechos humanos.
Dicha propuesta busca incluir como obligación de las autoridades de investigar el origen de las agresiones y amenazas que reciban los periodistas o las personas defensoras de derechos humanos y que dicha investigación culmine con el esclarecimiento o sanción a los responsables.
Al dar lectura a su exposición de motivos, la congresista señaló que la violencia es cada vez más frecuente en la entidad, lo que ha ocasionado que las personas que se dedican al periodismo o son defensores de los derechos humanos dejen de ejercer su profesión o actividad por miedo.
Destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), coinciden en que el incremento de la violencia, la falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y los niveles altos de impunidad son tres factores que incrementan la vulnerabilidad de estos.
En ese sentido, precisó que, si bien la entidad cuenta con la a Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, no se han alcanzado las acciones necesarias para inhibir las agresiones y muertes en contra de activistas y periodistas, en virtud de que no cuenta con los alcances y herramientas necesarias para que los hechos delictivos sean esclarecidos y juzgados.
Alcaraz Hernández refirió que, el problema es que el texto vigente únicamente contempla las medidas de protección sin que se obligue a las autoridades a investigar y llevar a juicio a quienes amenazan a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, teniendo en cuenta que el Código Penal contempla los delitos de amenaza y acecho como conductas que deben ser castigadas con prisión.
Asimismo, dijo que en el año 2021 se activaron 43 mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos sin que hasta el momento se hayan capturado y llevado ante la justicia a las personas que impunemente los amedrentaron y que sus actividades los ha situado como un grupo vulnerable, por lo que las leyes deben ser perfeccionadas y enfocarlas en su protección para ampliar el espectro de salvaguarda.
La legisladora mencionó que se incorporan las figuras de la coerción, censura o control de los medios de comunicación o periodistas dentro del concepto de agresiones con la finalidad de adecuar dicho concepto a otras conductas que resultan igualmente nocivas para el ejercicio de la libertad de expresión.
Además, precisó que se pretende aumentar la esfera de protección que actualmente reconoce dicha ley, para incluir las amenazas como los actos de intimidación o advertencia que deben ser igualmente investigados, monitoreados y atendidos por las autoridades correspondientes, a través de las medidas preventivas y de protección.
Finalmente, aludió que, para dar certeza jurídica a los beneficiarios de la ley, se busca incorporar la obligación de la autoridad de notificar personalmente y mediante un dictamen debidamente fundado y motivado el retiro de las medidas; justificando en su caso, las razones por las cuales el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas considera que las mismas ya no son necesarias para proteger la vida, integridad, libertad o seguridad del beneficiario.
