La reforma constitucional al Poder Judicialconsidera la postulación de abogadas y abogados de diversas universidades, asociaciones y escuelas de Derecho, profesionales independientes e incluso quienes ya se encuentran dentro del mismo, para ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros tras haber sido electos democráticamente por la ciudadanía, puntualizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se está excluyendo a nadie, o sea, a ningún juez, nada más es que se sometan al escrutinio público. Si el juez ha hecho bien su trabajo y va de candidato, la gente lo va a apoyar. Y lo mismo un magistrado, un ministro”, argumentó en conferencia de prensa matutina.

En caso de aprobarse la iniciativa de reforma, las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El mandatario indicó que el objetivo es asegurar la impartición de justicia pronta y expedita; poner este Poder al servicio del pueblo y limpiarlo de corrupción.

“Yo quiero, como todos los mexicanos, que los jueces, los magistrados, los ministros, sean empleados del pueblo; el soberano es el pueblo, el pueblo es el que manda, nosotros somos servidores públicos”, expresó.

“Que sea el pueblo el que los elija porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económico o político, van a tener como jefe al pueblo, su jefe va a ser el pueblo, que eso es la democracia. Tienen que procurar siempre poner por delante el interés general, no el interés personal, por legítimo que sea; siempre el interés público”, agregó.

El jefe del Ejecutivo recordó el caso de la Ley Eléctrica, votada y aprobada por el Congreso de la Unión, pero anulada en los efectos por sólo dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que únicamente actuaron en beneficio de empresas privadas.

“Se puede avanzar si no hay corrupción. Por eso, están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial que está podrido, que está dominado por la corrupción, sólo porque hay nerviosismo financiero. No, porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial en el supuesto de que tengamos desajustes en la paridad al mediano, al largo plazo, eso nos va a ayudar a todos, pero además está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia?”, remarcó.

Reiteró que la iniciativa enviada al Congreso de la Unión el 5 de febrero dentro de un paquete de 20 reformas constitucionales, tiene el respaldo de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Reafirmó que la economía de México es fuerte por múltiples razones: el máximo histórico en la creación de empleos, el incremento inédito de los salarios, la fortaleza y apreciación récord del peso mexicano y la llegada de inversión extranjera como nunca había sucedido.

Estas condiciones, dijo, están por encima de los intentos del bloque conservador de crear un ambiente de nerviosismo en los mercados.

“Si hemos tenido éxito en el manejo de la economía, como dicen los tecnócratas, la variable principal de ese éxito, ojalá y lo internalicen, ha sido no permitir la corrupción. (…) Es honestidad y austeridad y con eso se dispone de muchísimo dinero para atender las necesidades del pueblo y reactivar la economía”, enfatizó.

Modificaciones a la Constitución fortalecen programas sociales

El presidente López Obrador dijo que las reformas constitucionales fortalecerán las pensiones que actualmente se entregan.

Aunque la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional universal, la Carta Magna establece su entrega hasta los 68 años y desde los 65 años a la población indígena.

En ese sentido, la nueva reforma establece que la edad mínima para ser beneficiario será de 65 años; esta medida se lleva a cabo en la práctica desde 2021 por decisión del Ejecutivo.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad avanzará hacia la universalidad en el país para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de cero a 64 años. A la fecha, la Constitución dispone que este derecho cubre a menores de 30 años y población indígena.

El Gobierno de México propone el derecho a la rehabilitación a través de la entrega de becas, dando prioridad a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, periodo en el que las terapias tienen mejores resultados, mencionó el presidente.