Las protestas en Los Ángeles, que estallaron a principios de junio debido a redadas migratorias masivas, desataron una crisis social marcada por cientos de arrestos y creciente preocupación en comunidades migrantes. Ante la escalada de tensiones, el gobierno federal, bajo la presidencia de Donald Trump, envió a la Guardia Nacional y Marines para reforzar la seguridad en las calles, medida que fue duramente criticada por ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades locales por considerar que criminalizaba a la población migrante.

En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda ante un tribunal federal para bloquear el despliegue militar, argumentando que esta acción federal excedía su autoridad y violaba la Constitución, específicamente la décima Enmienda que protege la autonomía estatal. El juez Charles Breyer falló a favor de California, declarando ilegal la movilización de aproximadamente 4,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles y ordenando que el control de estas fuerzas regresara al gobierno estatal.

A partir del mediodía del viernes, Trump dejará de tener mando sobre la Guardia Nacional en California, y esta volverá bajo la jurisdicción directa del gobernador Newsom. Este último enfatizó en sus redes sociales que el ejército debe estar en el campo de batalla, no en las calles de la ciudad, y calificó esta decisión como una victoria que trasciende al estado, frenando tendencias autoritarias y la militarización ilegal.

La Casa Blanca aún no ha emitido comentarios oficiales sobre esta resolución. Por su parte, la administración federal ha presentado un amparo contra el fallo del juez, por lo que la audiencia para resolver definitivamente quién tendrá el control de la Guardia Nacional en California se pospuso al 17 de junio.

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