Una investigación publicada por Los Ángeles Press, firmada por Rosario Martínez, reveló un esquema preocupante de beneficios otorgados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a políticos de Guanajuato, quienes, a través de concesiones millonarias, han acaparado uno de los recursos más valiosos y escasos del país: el agua. De acuerdo con el reportaje, en los últimos seis años la dependencia entregó 3 mil 264 concesiones dentro del estado, cuando el registro total alcanzaba las 22 mil 662. Entre los nombres que sobresalen aparecen exgobernadores, exlegisladores y hasta un expresidente de la República, todos con permisos que levantan serias dudas sobre su uso real y su legalidad.
El exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recibió una concesión por 5 mil metros cúbicos anuales en 2020, mientras aún encabezaba el Ejecutivo estatal. El permiso fue otorgado con el argumento de destinarse a fines agrícolas; sin embargo, la propiedad señalada en Silao no cuenta con tierras de cultivo ni infraestructura agrícola, sino con una casa de campo, lo que evidencia un uso distinto al autorizado.
Su antecesor en el cargo, Miguel Márquez Márquez, también aparece en la lista. El exmandatario estatal fue beneficiado con una concesión que supera los 150 mil metros cúbicos anuales, igualmente bajo el argumento de uso agrícola. La magnitud del volumen llama la atención, considerando el contexto de escasez hídrica que atraviesan múltiples comunidades rurales.
Otro nombre que figura es el de Ricardo Sheffield, quien fue beneficiado con dos concesiones activas desde finales de los años noventa, cuando se desempeñaba como diputado local por el PAN. Estos permisos (destinados a un rancho de su propiedad en León) fueron clasificados con “diferentes usos”, sin que exista claridad sobre el destino final del recurso.
Incluso la familia del expresidente Vicente Fox Quesada ha sido favorecida. Según el reporte, cuenta con 10 concesiones vigentes en el municipio de San Francisco del Rincón, con un volumen conjunto que supera los 2.1 millones de metros cúbicos anuales. Esta cifra contrasta con la realidad de muchos agricultores locales que enfrentan restricciones severas de acceso al agua.
Estos casos no son hechos aislados. En los últimos años, diversos políticos, desarrolladores inmobiliarios y centros recreativos han sido beneficiados con concesiones que desvían agua originalmente destinada al riego agrícola u otros fines esenciales hacia proyectos privados y propiedades particulares. El resultado de esta práctica es alarmante: acaparamiento del recurso, sobreconcesionamiento, deterioro en la infraestructura hídrica y distribución desigual del agua. Las comunidades rurales y el sector campesino (los más afectados) enfrentan cada vez más dificultades para acceder al recurso, mientras que un pequeño grupo concentra volúmenes inmensos con fines poco transparentes.
El manejo del agua es, hoy más que nunca, un asunto estratégico para la seguridad y el desarrollo. Las revelaciones sobre estos casos ponen sobre la mesa la necesidad de revisar a fondo los mecanismos de concesión, exigir transparencia y establecer responsabilidades frente a un escenario en el que el privilegio político parece estar por encima del derecho colectivo. Porque el agua, recurso vital para todos, no puede seguir siendo un premio de consolación para quienes ocuparon un cargo público.
