En Guanajuato, miles de familias viven con la incertidumbre de ser desalojadas o permanecer sin acceso a servicios básicos. Según el último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del Inegi, existen 919 asentamientos irregulares distribuidos por todo el estado, donde habitan más de 200 mil personas que buscan la regularización de sus hogares.

El Periódico AM documentó las condiciones que enfrentan comunidades como Real de Mariches en León o Juan Pablo Segundo en Irapuato, donde las carencias van desde la falta de agua potable y drenaje hasta la inexistencia de pavimentación o alumbrado. En muchos casos, estas colonias surgieron hace más de dos décadas y, pese al crecimiento urbano que las rodea, continúan fuera de los programas oficiales de urbanización.

Entre el rezago y el miedo a perderlo todo

En zonas como Real de Mariches, ubicada al poniente de León, decenas de familias han pasado casi treinta años esperando una respuesta que les permita tener certeza jurídica sobre los terrenos donde construyeron sus casas. Los vecinos explican que sobreviven con tomas comunitarias de agua, fosas sépticas y caminos de terracería que dificultan el acceso de pipas y servicios de emergencia.

En estas comunidades, el sentimiento de abandono se combina con el temor constante de ser desalojados, sobre todo después de los desalojos ocurridos en San Juan de Abajo, también en León, donde viviendas fueron demolidas en julio pasado. Este hecho reavivó el miedo entre las colonias en proceso de regularización.

En Irapuato, el panorama no es distinto. En la colonia Juan Pablo Segundo, ubicada cerca de la carretera a Pueblo Nuevo, los vecinos viven entre calles de lodo en temporada de lluvias y polvo durante los meses secos. La basura y el escombro acumulados son parte del paisaje cotidiano, mientras que el acceso a agua y alumbrado continúa siendo limitado.

A pesar de los años, los habitantes aseguran que los avances han sido mínimos: algunos programas de electrificación, un par de obras de drenaje y promesas de regularización que no se han concretado. Muchos de ellos pagan agua y luz, pero siguen sin escrituras ni pavimento.

Desigualdad urbana que se profundiza

El Inegi reporta que Celaya concentra el mayor número de asentamientos irregulares con 257, seguido de León con 113 y Irapuato con 109. Aunque San Miguel de Allende tiene solo 40, en ellos se contabilizan más de 52 mil personas, lo que refleja la magnitud del problema en distintas regiones del estado.

Estas zonas ocupan más de 5 mil 600 hectáreas en total y muchas se ubican dentro de la mancha urbana. Sin embargo, la ausencia de regularización impide que sus habitantes accedan a infraestructura básica, créditos o programas sociales.

Doble venta y estafas en el sur del estado

En municipios como Moroleón y Uriangato, los problemas no solo son de servicios, sino también de fraude. En los últimos años se han detectado casos de doble o triple venta de terrenos dentro de fraccionamientos irregulares, donde los compradores descubren tarde que sus propiedades carecen de validez legal.

Algunos vecinos de estas colonias han esperado más de 15 años para contar con agua o luz. Aunque en los últimos años se han concretado obras menores de pavimentación y drenaje, la incertidumbre jurídica sigue siendo la principal preocupación de las familias.

El reto legal y político

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reconoció que los documentos entregados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) no brindan certeza jurídica plena, lo que ha dificultado el proceso de escrituración en colonias que ya cuentan con avances de regularización.

En tanto, el abogado y activista Juan Pablo Delgado ha insistido en que el acceso a servicios básicos debe garantizarse por ley, recordando que el Código Territorial del Estado obliga a los municipios a abastecer de agua potable a los asentamientos en vías de regularización, algo que —afirma— todavía no se cumple.

Iniciativas para revertir el rezago

A nivel nacional, legisladores federales y estatales han propuesto reformas que buscan facilitar la regularización de asentamientos irregulares. Las iniciativas más recientes plantean que la falta de escrituras no sea impedimento para acceder a programas sociales, y que los gobiernos locales tengan la obligación jurídica de escriturar y urbanizar.

Sin embargo, especialistas advierten que más allá de nuevas leyes, lo urgente es garantizar la aplicación de las ya existentes. En tanto, miles de familias en Guanajuato siguen esperando que la promesa de vivir con dignidad se convierta en una realidad y no en una lucha interminable.
Información y Fotografías: Periódico AM.