En municipios del sur del estado de Guanajuato, como lo son Acámbaro, Pénjamo, Coroneo, Salvatierra, Moroleón, Uriangato y Yuriria, al menos 100 tortillerías enfrentan el llamado “Cobro de piso” por parte de grupos criminales, que les exigen supuestamente pagos semanales de hasta 3 mil pesos para permitirles operar sin represalias en su contra.
La denuncia fue hecha por Jaime Borregos Sánchez, presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Guanajuato, quien reveló que la extorsión se ha convertido en una práctica sistemática en zonas colindantes con Michoacán. En algunos casos, los delincuentes se presentan directamente en los negocios o realizan llamadas intimidatorias. En otros, obligan a un líder tortillero a recolectar la cuota de todos y negociar en nombre del gremio.
Aunque en ciudades como León el problema aún no ha alcanzado niveles críticos, en el sur del estado la presión criminal ya afecta la economía local, la seguridad de los comerciantes y la estabilidad de las familias que dependen de este tradicional y redituable oficio.
La extorsión es un reflejo del control territorial que ejercen ciertos grupos delictivos sobre sectores productivos vulnerables. Por su parte, los productores piden al gobierno del estado, mayor protección y acciones concretas para que puedan trabajar con la tranquilidad de que sus vidas no corren peligro.
