A un año de la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en Guanajuato, los datos muestran que los esfuerzos de prevención y atención siguen siendo insuficientes. Las cifras de 2025, comparadas con 2024, reflejan que la violencia familiar, los abusos sexuales y otros delitos contra las mujeres no solo persisten, sino que en algunos casos aumentan, dejando en evidencia la brecha entre los compromisos oficiales y la realidad de las calles.

En el estado, la violencia familiar pasó de 11,173 casos de enero a agosto de 2024 a 11,756 en el mismo periodo de 2025, un aumento de aproximadamente 5%. Salamanca, uno de los municipios más afectados, registró 849 casos en 2025, lo que equivale a casi el 7% de los casos del estado, un incremento notable frente a los 690 casos de 2024. Cada número representa historias de mujeres y familias que viven el miedo en casa, y para quienes la alerta parecía prometer protección, pero la realidad no cambió.

En Guanajuato se registraron 13 feminicidios de enero a agosto de 2025, frente a 3 en el mismo periodo de 2024. Salamanca, por su parte, no reportó feminicidios este año, aunque sí había uno en 2024. La ausencia de cifras en Salamanca puede ser positiva, pero no borra la preocupación ante la falta de acciones preventivas consistentes.

Los casos de abuso sexual en Guanajuato pasaron de 243 en enero-agosto 2024 a 233 en 2025, un ligero descenso. Salamanca contribuyó con 42 casos en 2025, aproximadamente 18% del total estatal, mostrando que este delito sigue siendo un problema relevante en el municipio.

En Guanajuato, los casos de violación simple aumentaron de 124 en enero-agosto 2024 a 134 en 2025. Salamanca registró 28 casos en 2025, lo que representa aproximadamente 21% del total estatal, frente a 28 casos en 2024, que representaban alrededor del 22% del total estatal.

Estos datos muestran que Salamanca representa en ciertos meses un porcentaje considerable de los casos estatales, con picos de hasta 33% en julio 2025.

Los casos de violación equiparada en Guanajuato aumentaron de 109 en enero-agosto 2024 a 129 en 2025, mientras que Salamanca pasó de 0 casos en 2024 a 5 casos en 2025, representando aproximadamente 3.8% del total estatal en 2025.

Aunque los números absolutos parecen bajos, cada caso representa un grave delito y evidencia que Salamanca, pese a ser un municipio más pequeño, aporta casos significativos respecto al total estatal.

Los registros de acoso y hostigamiento sexual reflejan la continuidad de la violencia de género en espacios laborales y educativos. En Salamanca se reportaron pocos casos, pero siguen siendo evidencia de fallas en protocolos de prevención y sanción.

A pesar de la AVG, colectivos y organizaciones defensoras han señalado que no se han instalado grupos especializados de investigación ni hay transparencia real en el uso de recursos públicos. La alerta exige diagnósticos, protocolos, capacitación y seguimiento, pero los registros muestran que en municipios clave como Salamanca, muchas de estas medidas siguen ausentes o insuficientes.

Cada caso registrado representa a una mujer o niña que no recibió la protección prometida. La diferencia entre 2024 y 2025 demuestra que los compromisos oficiales no se tradujeron en resultados tangibles: los números siguen siendo altos, la prevención escasa y la impunidad persistente.

Incluso, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio recomiendó acciones urgentes como: informes públicos con cronogramas y presupuesto detallado, creación efectiva de grupos especializados, fortalecimiento de la investigación con perspectiva de género, programas comunitarios y escolares de prevención, y participación vinculante de víctimas y colectivos en la toma de decisiones. Sin ello, la alerta seguirá siendo más un símbolo que un instrumento de cambio.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guanajuato y el municipio de Salamanca fue emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), un órgano federal dependiente de la Secretaría de Gobernación. La declaratoria busca coordinar acciones urgentes para prevenir feminicidios, proteger a las víctimas y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.