La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato (SESEA), encargada de prevenir y combatir la corrupción, enfrenta cuestionamientos por prácticas que contradicen su supuesta misión.

Diversas contrataciones dentro del organismo se han realizado de forma poco clara, ignorando los requisitos establecidos en convocatorias oficiales y favoreciendo perfiles sin la experiencia necesaria para ocupar cargos clave.

Las designaciones, encabezadas por el secretario técnico Ernesto Salvador González Gómez nombrado en enero de este año han generado inconformidad entre colaboradores del organismo, quienes, por temor a represalias, han denunciado que las decisiones administrativas responden a intereses personales más que a criterios técnicos.

Uno de los casos más señalados es el de Camila López Pérez, quien fue nombrada coordinadora de Asuntos Jurídicos pese a no cumplir con el requisito de experiencia profesional. Hasta el año pasado, López era estudiante de Derecho en la Universidad de Guanajuato y su cédula profesional fue expedida recientemente. Otro nombramiento cuestionado es el de Carlota Natalia Márquez Zárate, responsable de la Coordinación de Análisis y Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes, quien se presenta como contadora pública, aunque su contrato indica que posee un título en mercadotecnia.

Ante estas irregularidades, el Comité de Participación Ciudadana se deslindó de los nombramientos y pidió una revisión urgente.