Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 encabezan este lunes 26 de septiembre de 2016 una marcha en la Ciudad de México para exigir que sus hijos sean encontrados y se haga justicia en lo que se dice es una de las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente de México.
La noche del 26 de septiembre de 2014 una serie de ataques coordinados en Iguala, en el estado de Guerrero, dejaron un total de 180 víctimas, incluidos los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, otro que lleva dos años en coma y seis personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los 43 estudiantes fueron atacados por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o inacción de otros cuerpos de seguridad, militares y autoridades.
Las autoridades han detenido hasta el momento a 128 personas, de las cuales se ha abierto proceso a 70 -la mayoría policías y miembros del crimen organizado- pero todavía no se sabe qué paso esa noche ni cuál fue el móvil del crimen. La investigación ha avanzado muy lentamente, ha tenido errores y omisiones y ha sufrido obstrucciones a la justicia por parte de servidores públicos, denunció tanto el grupo de expertos de la CIDH como el defensor del pueblo mexicano.
De hecho, quien fuera jefe investigador del caso, Tomás Zerón, fue acusado por los padres de los estudiantes de manipular y sembrar pruebas para avalar la versión oficial y está actualmente bajo investigación interna.
Los dos principales detenidos son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un jefe del cártel de los Guerreros Unidos en esa localidad, Gildardo López Astudillo. Pero los expertos internacionales creen que un ataque coordinado en nueve puntos y en una extensión de 80 kilómetros tuvo que tener un nivel de mando mayor.
