PGJE obtiene sentencia de más de 40 años en prisión para ocho homicidas y secuestradores de Valle de Santiago.

Los culpables planearon el secuestro de su víctima, quien murió y su cadáver enterraron en un cerro.

Valle de Santiago, Gto. 20 de agosto de 2016.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtiene sentencias condenatorias en contra de ocho personas que han sido encontradas culpables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Valle de Santiago, quienes permanecerán en prisión cumpliendo su sanción.

Se trata de un grupo organizado que planeó y ejecutó el secuestro por el que cobraron una fuerte suma de dinero a mediados de noviembre de 2010, siendo la víctima una persona del sexo masculino, a quien para mantenerla inmovilizada le suministraron medicamento que le provocó la muerte horas después. El cadáver lo llevaron en un vehículo hasta un cerro en el municipio de Cortazar, donde lo enterraron; aun así, continuaron con su plan de cobrar un rescate.

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) identificó a los participantes y esclareció el caso, solicitando sus aprehensiones, siendo cumplimentadas a través de un fuerte operativo entre Agentes de Investigación Criminal de la PGJE y elementos de la SSPE a finales de noviembre de ese mismo año, siendo sometidas a un proceso penal.

Desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, el Juzgado Segundo Penal de Valle de Santiago ha decretado sentencia condenatoria contra de los inculpados bajo los siguientes términos: J. ANTONIO JIMÉNEZ JASSO y ONOFRE GÓMEZ FLORES permanecerán 43 años, un mes y 15 días en prisión; FRANCISCO JAVIER MÉNDEZ CASTAÑEDA y OMAR ISRAEL ROMERO SÁNCHEZ, 42 años y 9 meses de prisión; y MARGARITA GARCÍA REYES, ALBERTO IVÁN ESCANDÓN MARTÍNEZ, MARÍA GUADALUPE MORALES MOYA y FEDERICO AGUILAR LARA, 40 años y 05 meses.

Adicionalmente se les condena al pago de la multa monetaria y reparación del daño a favor de familiares de la víctima; negándoles los beneficios o sustitutivos que permite la ley, por lo que los culpables permanecen recluidos en la cárcel purgando sus condenas.