En al menos ocho entidades federativas existe una discrepancia entre los homicidios que reportan sus autoridades en comunicados de prensa o declaraciones públicas y los registros oficiales.
Para organizaciones no gubernamentales e investigadores, autoridades en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tlaxcala, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Nayarit ocultan o subregistran datos de los asesinatos.
De acuerdo con un comparativo, en municipios del Estado de México y delegaciones de la Ciudad de México existen más casos de discrepancias.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en 2015 hubo un homicidio en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, mientras que la organización Semáforo Delictivo registró 25 casos.
Otro caso: el Inegi reportó que en la delegación Iztapalapa hubo 28 asesinatos en 2015 y, por el contrario, la organización civil da cuenta de 181 reportes en el mismo año.
En marzo pasado, la organización México Evalúa presentó un estudio en el cual registró diversas inconsistencias entre los datos que reportan autoridades de 19 de las 32 entidades federativas del país.
Omiten estados homicidios
No se reflejan en cifras oficiales casos relevantes como los de Tlatlaya, Tanhuato y Tonila.
Organizaciones no gubernamentales y especialistas afirmaron que al menos ocho estados y decenas de municipios tienen un subregistro de homicidios del fuero común.
Entre las entidades que ocultan información o hacen un manejo “raro” de la misma están el Estado de México, Nayarit, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas. Quintana Roo, Tlaxcala y Colima, según México Evalúa.
Los asesinatos son reconocidos en comunicados de prensa, o incluso confirmados a través de las declaraciones de funcionarios en municipios y estados; sin embargo, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Inegi los homicidios no se contabilizan.
Una revisión que realizó Excélsior a los reportes que emiten las entidades de los asesinatos cometidos en el país indican que las autoridades omiten o subregistran la información.
Según un rastreo, municipios del Estado de México y delegaciones de la Ciudad de México son los que más discrepancias tienen en cuanto a números de homicidios.
Por ejemplo, si se compara entre los homicidios que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, y el conteo que lleva Semáforo Delictivo, se observa como Nicolás Romero reportó a autoridades federales el asesinato de una persona, mientras la ONG tiene registrados 25.
Lo mismo pasa con Chalco, donde el Inegi tiene cinco asesinatos, mientras el Semáforo Delictivo reporta 61; Ecatepec oficialmente tiene 82, pero la ONG dice que son 253, mientras Tlalnepantla suma nueve por parte del Inegi y 124 en el conteo ciudadano.
En la Ciudad de México, los casos más paradigmáticos son Iztapalapa, que en 2015, según el Inegi, tuvo 28 asesinatos, pero en el Semáforo se reportan 181. Lo mismo pasa con Gustavo A. Madero (52-147), Tláhuac (8-29), Tlalpan (6-46), entre otros.
En otros estados también hay discrepancias de las cifras pues por ejemplo en Ocosingo Chiapas, en 2016 el Inegi registró tres homicidios, mientras en el Semáforo delictivo se habla de 14.
En Quintana Roo, en 2016, en Isla Mujeres el Inegi no reportó homicidios, mientras en el Semáforo sumaron dos. En Carillo Puerto fueron dos oficiales, contra cinco de la ONG.
En Veracruz, en 2016, Las Choapas tuvo un registro oficial de un muerto, mientras el Semáforo Delictivo contabilizó 29, mientras Martínez de la Torre registró ocho de manera oficial, contra 14 de la ONG. El caso más ilustrativo fue el de Papantla donde el año pasado oficialmente no hubo homicidios, pero se habla de un registro de hasta 55.
En Apizaco, Tlaxcala, el Inegi reportó dos decesos, mientras el Semáforo Delictivo nueve.
En Manzanillo, Colima fueron reportados oficialmente 28 muertos en 2016, mientras en el Semáforo se reportan 158; lo mismo pasa con Armería, donde supuestamente no hubo un solo homicidio oficialmente, pero la ONG registró 29.
Ejemplos
En otros estados se suscitan homicidios, pero no son reportados debidamente. Ejemplos de ello es el homicidio de 22 personas el 30 de junio 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la muerte de 43 más en Tanhuato, Michoacán en mayo 2015; o el asesinato de diez personas encontradas en el municipio de Tonila, Jalisco el pasado mes de marzo.
Ninguna de las 75 muertes está registrada en las carpetas de investigación que los estados reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Incluso, en el municipio de Tonila, donde la prensa local ha reportado el hallazgo de más cuerpos este año, los registros del SESNSP indican que no se ha abierto ningún expediente por homicidio (doloso o culposo) en los primeros seis meses de 2017.
Jimena David, integrante de las investigadoras que participó en el proyecto, comentó que al identificar variantes en los datos, solicitaron a las fiscalías y procuradurías del país, que les permitieran acceder a las carpetas de investigación para cotejar los registros, sin embrago, a la fecha ninguna dependencia les ha contestado.
“No podemos hablar de que encontramos manipulación o subregistro, sino que los datos se portan raros. Eso nos hace pensar que pasa algo raro”.
En entrevista, dijo que los estados donde más irregularidades encontraron fueron Colima, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo y Nayarit.
Santiago Roel, presidente del Semáforo Delictivo, mencionó que se han encontrado inconsistencias en el Estado de México y Coahuila durante la época de elecciones; sin embargo, desconoce si es intencional o es porque en realidad hay una disminución del delito.
“Hemos visto que las cifras se mueven extrañamente hacia abajo, no sólo de los homicidios, sino de todos los delitos cuando hay elecciones. Lo vimos en Quintana Roo y Veracruz, así como en Estado de México y Coahuila”.
Causas del subregistro
Según México Evalúa, la falta de infraestructura o capacidad de las procuradurías locales para clasificar y resolver delitos es uno de los elementos del subregistro de homicidios.
Manifestó que no se descarta que también haya una manipulación intencional.
Adelfo Regino Montes, abogado indígena mixe, coincidió con México Evalúa en el sentido de que falta capacidad de las autoridades de justicia “formales” (Fiscalía, Ministerio Público, agentes de investigación) para dar la cobertura a los homicidios, hasta probables actos de corrupción para ocultar los niveles de violencia.
Jimena David, de México Evalúa, admitió que no se puede hablar abiertamente de manipulación de las cifras sobre homicidios en México, pero que sí está pasando algo raro en las procuradurías de los estados, por lo que se debe abrir al escrutinio público para poder saber las causas.
Con información del Excelsior.
