La corrupción o el ejercicio indebido del poder público vulneran los derechos humanos de los mexicanos, al reducir y condicionar los recursos públicos disponibles, “de por sí limitados”, denunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En la presentación del estudio y foro de discusión “Los derechos humanos y la corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2017”, González Pérez aseguró que los actos de corrupción afectan de manera más acentuada a los grupos más vulnerables, “los más pobres”, al ser los que dependen mayoritariamente de los programas públicos.

Cuando se distraen los recursos que, explicó, originalmente estuvieron destinados a políticas públicas (hospitales, infraestructura y educación, por ejemplo), se ven mermadas las posibilidades y oportunidades a las que tienen derechos estos sectores marginados.

Por ello expresó que buena parte de las carencias que enfrenta el país para acceder a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación o educación podría paliarse con el buen y eficiente uso de los recursos.

Más tarde, al inaugurar las cuatro mesas de discusión del estudio que realizó la CNDH, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, el ombudsman nacional advirtió que es inconcebible que los recursos públicos no se destinen a su legítimo propósito y que tales conductas permanezcan en la impunidad.

Además lamentó que, a pesar de la existencia de tratados y convenciones para combatir la corrupción, existe una “brecha” en su aplicación, por lo que aclaró que “no puede haber un verdadero Estado de Derecho mexicano si subsisten las prácticas de impunidad”.

Al concluir el acto, González Pérez hizo un llamado a los servidores públicos a brindar los servicios “en términos de lo que es su mandato”, y a aplicar e incentivar la ley.

Sentenció: “La alerta es a combatir la impunidad, prevenir la corrupción, incentivar una cultura de actuar con forme a derecho cuando se detecte un acto de corrupción; queremos ver a servidores públicos en la cárcel”.

Con información de Revista Proceso