MOCHILA SEGURA
Los discrepancias del operativo “Mochila Segura” un programa de prevención hoy día vital para salvaguardar la seguridad en las instituciones educativas, que garantice sobre todo la integridad de los estudiantes, surgieron tan pronto como se dio a conocer el programa como los protocolos de implementación, toda vez que la primera institución que se atrevió a implementar el programa de inmediato, reactivó las reacciones represivas hacia su director Vicente Díaz Quiñones que no solo fue amonestado, sino advertido que sería objeto de una medida disciplinaria ejemplar por no esperar a que el Secretario de la SEG se pusiera en marcha oficialmente, argumentando que no había seguido el protocolo a pesar de la disposición y anuncia del Consejo Escolar de la secundaria “Alfonso Sierra”.
¿Y LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS?
El super temor de las autoridades educativas sobre la implementación del operativo “Mochila Segura” son las quejas que puedan promover ante Derechos Humanos los padres de familia, que se sientan ultrajados porque se vulneraron los derechos de sus hijos, por el hecho de que algún maestro o un padre de familia del Comité de Seguridad revise de manera imprevista lo que portan los estudiantes en sus mochilas, ya que hacerlo sin el consentimiento del padre, puede ser motivo de una queja por la violación de sus derechos, normativa en la que resurge el debate sobre la protección que reciben los infractores de delito, contra los derechos de las víctimas.
¿PREVENCIÓN O MERA SIMULACIÓN?
Frente a la normativa de los Derechos Humanos, muy pocos resultados pudieran arrojar la llamada Ley contra la Violencia en el entorno escolar, tomando en cuenta los lineamientos que establece el protocolo del también llamado “Operativo Mochila”, es que para su implementación la escuela tiene la obligación de notificar 24 horas antes a los padres y alumnos que revisarán las mochilas y si algún padre se niega autorizar a revisión de su hijo, nadie podrá tocar la mochila, ni tampoco constatar si ese alumno porta alguna sustancia o instrumento peligroso, con el que incluso puede lesionar o causar alguna afectación a sus compañeros.
-LA JUSTICIA NO ES CIEGA
La justicia no es ciega, hasta las autoridades le cubren la cara. El caso de San Miguel de Allende donde está recluido Antonio Luna, un vigilante acusado de asesinar a sus tres hijos y que ahora enfrenta doble castigo: la muerte de sus pequeños de 11, 8 y 4 años de edad y estar encerrado enfrentando un proceso penal.
Las inconsistencias en las que ha caído la Procuraduría de Justicia en este caso y vaya a usted a imaginar en cuantos más, son cada vez comunes y hasta irrisorios, acusar a un hombre de intentar matar a cinco policías ministeriales, de golpearlo a él y a su esposa para que se declarara culpable, obligar a Juana Luna (esposa de Antonio) a firmar una declaración que ni siquiera se le permitió leer y por último la filtración de información a un medio de comunicación en la cual Antonio admite haber matado a sus hijos.
Aunque la fiscalía ha negado que por su parte no filtró la información al medio, ahí se deja entrever que esta noticia que ha impactado en todo el estado fue meramente estrategia para limpiar la de por sí mala imagen del gobernador quien el próximo 2 de marzo rendirá su quinto informe de Gobierno.
La declaración del procurador Carlos Zamarripa y del gobernador Miguel Márquez, ha causado enojo de parte de la familia Luna que ha considerado como “burla”, los dichos de ambos funcionarios.
MUEREN DOS INOCENTES
A inicio de semana se registró un doble atentado contra un ex elemento de la Policía Ministerial en Salamanca e Irapuato donde cuatro personas inocentes murieron en este ataque.
El gobernador no quiso tocar el tema cuando fue cuestionado sobre este hecho y que ahora el crimen cobra la vida de gente inocente, no como ha referido reiteradamente que los delincuentes se matan ‘entre ellos’ o que no puede ponerle un policía a cada delincuente para evitar que los asesinen.
Sólo se limitó a comentar: “pregúntele a la procuraduría” y esta no ha emitido más información al respecto porque cuando le conviene calla y cuando quiere anunciar los resultados de sus operativos hasta convocan a la prensa para dar a conocer con bombo y platillo las actividades que realizó.
DESCONOCEN SUS FUNCIONES
Específicamente el contralor, no e López, no quiere ver la realidad o desconoce que como parte de sus funciones está el vigilar el desempeño de los funcionarios y es que como bien lo dice el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal, debe dar seguimiento a las quejas y sugerencias que sean de su conocimiento, ya que en el caso del Delegado de San Felipe de Jesús, Juan pablo Muñoz, quien quitó los sellos de clausura de un negocio hay dos situaciones, primero de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal un delegado de comunidad es considerado funcionario público, el cual no está autorizado para realizar esa acción, por otra parte el desconocimiento de Avelino Vázquez, director de Desarrollo Urbano sobre el tema también amerita otra investigación sobre el desempeño del o los funcionarios del área, hay que rescatar que la contraloría debe controlar, evaluar, vigilar y fiscalizar el uso correcto del ejercicio del gasto público, así como vigilar el desempeño de los servidores públicos y establecer y operar permanentemente un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias que fomenten la participación social.
