Al concluir la segunda mesa de trabajo, gobernadores fronterizos de la Conago acordaron una alianza con 12 medidas de manera inmediata temas como migración crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, salud y vivienda entre otros.
El primero acuerdo fue la mesa de trabajo denominada “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, celebrada el pasado 9 de diciembre de 2016, en Mexicali, Baja California.
En segunda instancia, se creó la Alianza política de los gobernadores de la frontera norte para demandar conjuntamente al gobierno federal su cooperación eficiente e inmediata en los asuntos que más afectan: migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles derivados del petróleo, carestía de productos básicos, derechos humanos, salud y vivienda.
Ante la amenaza expresa del Presidente Electo de los Estados Unidos de América, se tomó la tercera medida, sobre la deportación masiva de millones de connacionales, y la afectación de sus derechos humanos, demandamos que el Gobierno Federal tome acciones inmediatas, acompañado de los estados y municipios.
Por cuarto acuerdo, se rechazó las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse y/o permanecer en nuestro país con medidas arancelarias violatorias de todos los acuerdos internacionales suscritos y exhortamos al Gobierno Federal para defender proactivamente los intereses de los inversionistas mexicanos y extranjeros en territorio nacional, así como los suscritos lo estamos llevando a cabo.
Se profundizará y fortalecerá, como quita medida, los lazos y las relaciones con todos los aliados nacionales e internacionales para defender el libre comercio, la competitividad y el desarrollo regional de América del Norte, y demandamos al Gobierno Federal el diseño e implementación de un programa emergente específico para el desarrollo integral de la región.
La sexta medida, se solicitó al Gobierno Federal que las negociaciones que se establezcan entre México y Estados Unidos de América deberán realizarse de manera integral, incluyendo todos los temas de la agenda, destacando derechos humanos, migración, seguridad, economía y medio ambiente, entre otros.
También se solicitó como una sétima medida al Gobierno Federal la NO reducción de los Fondos de Seguridad y el incremento al Fondo de Apoyo al Migrante, para los estados de la Frontera Norte para los ejercicios 2017 y 2018.
El octavo acuerdo, los gobiernos de los estados de la frontera norte demandan la creación de un “fondo de fronteridad”, con claridad en sus reglas de operación y su aplicación, con la finalidad de solventar los costos inherentes a los migrantes en tránsito y repatriados.
Se solidarizaron como la novena medida con los gobiernos de Baja California y Sonora, para demandar el cumplimiento a los acuerdos de atención integral al contingente de extranjeros intercontinentales que han arribado a esas entidades, previamente establecidos con el Gobierno Federal.
La décima medida, como estados fronterizos, constituidos en buena parte por migrantes, exigen un cambio en el paradigma de las políticas públicas de la migración, pasando de un enfoque de seguridad nacional y en el temor a los otros, hacia un enfoque que ponga el acento en la seguridad humana y garantice las condiciones de vida en sus lugares de origen.
La penúltima medida, se promovió activamente encuentros con gobernadores homólogos de la frontera sur de los Estados Unidos de América así como con congresistas, senadores, alcaldes y autoridades locales, sectores progresistas, académicos, artistas, medios de comunicación, para elaborar una agenda conjunta que atienda los asuntos comunes y fortalezca la franja como una región binacional.
Finalmente, se acordó que la tercera mesa de trabajo denominada “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país” se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León en fecha por definir.
Con información de El Financiero
