Una ciudadanía participativa: la educación
Por: Manuel De la Torre Rivera
Se ha comentado ampliamente que, si los mexicanos queremos aspirar a una convivencia social más segura, ambientalmente sana y amigable, debemos empezar por revisar lo que actualmente estamos haciendo para alcanzar esa condición deseada y definir que debemos cambiar a nivel personal, familiar, barrial, municipal y nacional, como condición para alcanzar a vivir en un mundo mejor.
El cambio ha empezado ahora que los mexicanos hemos decidido por una opción política diferente, cansados de la inseguridad pública, de los abusos de los gobernantes y del mal uso de los recursos públicos que además de limitados se dilapidan encubiertos en la opacidad administrativa, sin embargo, será insuficiente si los ciudadanos no modificamos nuestra actitud ante el ejercicio gubernamental.
Un aspecto que incide en todos los otros de la vida social, política, económica y cultural de una comunidad es la educación pública que reciben sus miembros que, al modificar los usos y costumbres, es determinante de múltiples consecuencias que enriquecen o empobrecen la vida cotidiana, que la pueden hacer grata, placentera y cálida o ingrata, insatisfactoria y fría.
Es cierto que la educación pública requiere cambios, reformas y adecuaciones que respondan a las exigencias del siglo XXI en un país tan complejo como es el nuestro, tanto en extensión territorial como en las etnias, lenguas y culturas que lo integran, así como su megadiversidad ecológica que obliga al diseño regional del tipo de educación adecuado al entorno particular, considerando además
el proceso histórico nacional y regional y las demandas que impone una situación planetaria de Calentamiento Global, que induce a estar preparados para enfrentar sus impactos, pero esas reformas y esos cambios deben hacerlos los propios gobiernos y habitantes de esas regiones.
Por otro lado, hay que estar consciente del momento que vive el país después de 36 años de gobiernos neoliberales, es decir, de explotación por el capitalismo salvaje de los recursos naturales del país y de la entrega de la riqueza acumulada en años de trabajo de generaciones de mexicanos (banca, ferrocarriles, petróleo), además de recibir vacías las arcas y altamente endeudado el país. Ciertamente van a ser necesarias acciones de emergencia para romper el desequilibrio evidente, causado por el reparto no equitativo de la riqueza generada por todos.
La transformación deseada por los mexicanos sí requiere de un cambio en el tipo de gobernanza, y esto significa que las modificaciones que implemente el gobierno para mejorar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza, deben ser acompañadas por un cambio profundo en la educación popular, realizado por el propio pueblo, maestros, padres de familia, organizaciones sociales y comunitarias (clubes de servicio, iglesias, sindicatos), todos con un compromiso de la comunidad en la vigilancia, cuidado y manejo de los recursos regionales y desde luego de la seguridad social, actualmente tan cuestionada.
Esta práctica social que puede llevar años para su implementación generalizada es el camino arduo pero necesario para alcanzar un sistema de vida en un país diferente del que nos heredó el neoliberalismo y que puede hacer de México un país próspero y en paz, donde sus habitantes disfruten de salud y bienestar para todas sus familias en convivencia pacífica con los pueblos hermanos del continente y del mundo.
