El mensaje fue claro: “si no pueden renuncien”. A 10 años de que el empresario Alejandro Martí cuestionó y emplazó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a mejorar la seguridad del país, lo único que ha cambiado son los funcionarios, quienes han brincado de un puesto a otro sin importarles los 74 compromisos que aceptaron durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El documento firmado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa;  11 secretarios de Estado; 32 gobernadores, por el titular del Poder Judicial,  por los presidentes de las cámaras de Diputados, Senado, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como representantes de los municipios, sindicatos y clero, sigue en el olvido.

A una década de que el Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación(DOF), el país registra récords históricos en homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robos a transeúnte, comercios, desapariciones, violaciones, adicciones, lavado de dinero, así como en corrupción, entre otros delitos.

«Reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia”, menciona el Acuerdo.

Los firmantes aceptaron que el país enfrentaba una “situación “critica” por lo que era “necesario establecer un acuerdo que incluyera la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil”, para lo cual se dieron plazos de hasta dos años.

Entre los funcionarios que se dieron cita en Palacio Nacional, se encuentra el entonces procurador General de la República,  Eduardo Medina Mora Icaza, hoy Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Roberto Campa Cifrián, era Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy Secretario del Trabajo.

Ernesto Cordero Arroyo, exsecretario de Desarrollo Social, y Salvador Vega Casillas, exsecretario de la Función de la Pública (SFP), ambos son senadores. Agustín Carstens, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, hoy director de Banco Internacional de Pagos.

Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango, hoy es senador; Marcelo Luis Ebrard Casaubón, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, hoy es virtual secretario de Relaciones Exteriores (SRE);  Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, será futuro senador; Enrique Peña Nieto, exmandatario del Estado de México, hoy es presidente de México.

También, se encuentran José Luis Soberanes Fernández, exombudsman, hoy investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Omar Fayad Menese, expresidente municipal de Pachuca, Hidalgo, hoy gobernador de esa misma entidad, así como Carlos Antonio Romero Deschamps, quien desde hace 10 años sigue al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Otros firmantes han encontrado refugio en los partidos políticos.

COMPROMISOS EN EL OLVIDO

Una década después, los compromisos siguen en el papel y son evocados en la foto del recuerdo. Un ejemplo de ello, son los acuerdos I y III, los cuales se establecieron para: “depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia”,  “establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial y Ministerios Públicos”, así como “apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad”.

5 mil 649 denuncias por el delito de extorsión se registraron durante 2017, de acuerdo con cifras oficiales

También están los acuerdos IV: “formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero”; VI “fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional”; XII “expedir la Cédula de Identidad”; XIII “fortalecer el Sistema Penitenciario”; XV “fortalecer el Sistema de Aduanas”; así como el XXI “fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones”.

Y mientras que en 2008 se levantaron un millón 628 mil 54 carpetas de investigación, que incluyen 13 mil 155 homicidios dolosos, en 2017 se integraron un millón 807 mil 846 carpetas de investigación, que comprenden 25 mil 316 homicidios dolosos y cinco mil 649 secuestros.