• Tomó el dinero sin justificación alguna, y de forma anómala lo desvió del fin legítimo al que estaba destinado.

San Miguel de Allende, Gto.- Un trabajo de investigación, desarrollado por agentes de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la PGJE, logra que JAIME CIRILO LABRADA ARAIZA,  quien tomó dinero sin justificación alguna, y de forma anómala lo desvió del fin legítimo al que estaba destinado durante el periodo de gestión 2012-2015 en San Miguel de Allende, sea vinculado a proceso penal.

La Fiscalía Especializada encabezó la investigación en torno a los hechos delictivos cometidos en agravio de la administración pública de la ciudad de San Miguel de Allende; datos de prueba permitieron establecer que probablemente el inculpado dispuso de diversas cantidades en dinero que fueron recabadas del impuesto predial, aportadas por la ciudadanía del municipio de San Miguel de Allende.

Los datos de prueba que los Fiscales Especializados en la materia presentaron ante el Magistrado de la Séptima Sala permitieron que Jaime Cirilo Labrada sea vinculado a proceso penal; en los próximos días se celebrará la audiencia donde se fijarán las medidas cautelares que deberá acatar el hoy vinculado, así como el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

EX TESORERO EMITIÓ CHEQUES A SU NOMBRE

La denuncia interpuesta en febrero del 2017  por el alcalde  Ricardo Villarreal García,  se basa en que el extesorero, Jaime Cirilo Labrada Araiza, presuntamente se adjudicó y se expidió para sí mismo tres cheques que suman los 42 mil pesos, el 15 de agosto de 2014, en la cuenta “Gastos por comprobar”.

Sin embargo, en la revisión de la ASEG se encuentra que al cierre del año fiscal ese dinero no estaba ni comprobado, ni reintegrado y/o descontado vía nómina (último recurso a falta de comprobación).

Autoridades informaron que a dos días de dejar su cargo como presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, firmó tres recibos que informan sobre el presunto reintegro del dinero en exhibiciones de 10 mil, 7 mil y 25 mil pesos.

“Eso un año después de la observación de la ASEG, fuera del periodo de ley y que evidencia que el recurso no se utilizó para fines de la administración pública. El entonces tesorero municipal debió comprobar, con el documento idóneo, los gastos erogados, o en su defecto reintegrar a la Tesorería municipal el numerario no comprobado”, señala el documento.