Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico y Propuestas
Guillermo Alejandro Ramírez Carmona
La agenda mencionada en el título contiene los siguientes capítulos: En primer lugar está la problemática del agua y continúa con los siguientes: Las condiciones de la biodiversidad, Los bosques de México, Las ciudades de México, La transición energética, Perspectivas sobre los mares y costas de México, Política pública sobre minería, medio ambiente y soberanía nacional, agricultura, alimentación y suelos y finalmente la Relación entre los derechos humanos y el medio ambiente.
Todos los temas son importantes pero en esta ocasión se expondrá únicamente el del agua.
En la agenda, un tema indispensable es el reconocimiento del problema del agua y de la necesidad de alcanzar la seguridad hídrica para las generaciones actuales y futuras.
En un diagnóstico rápido varios focos rojos se evidencian en la gestión del agua y cuencas del país. Una primera alarma se ubica en el abasto de agua a los centros urbanos; el crecimiento poblacional de las ciudades ha desbordado la capacidad de abastecer en calidad y cantidad a todos los sectores de la ciudad; ello refuerza la segregación espacial de la pobreza humana e incrementa la vulnerabilidad social de los sectores mas rezagados. A su vez, el abasto a poblados rurales aun muy numerosos en el país, acumula deudas hacia estas áreas, dado que los sistemas de abasto de agua comunitarios permanecen en el olvido institucional.
El manejo de las aguas residuales no ha logrado ser bien atendido, estas se vierten sin tratamiento a los cuerpos de agua o se reutilizan para el riego. México es el segundo país del mundo, después de China, que utiliza en mayor medida el agua residual para el fin mencionado.
Las aguas residuales contienen patógenos no controlados, antibióticos que aumentan la resistencia de las bacterias, metales pesados, residuos de productos del aseo personal y domestico, derivados de combustibles, de disolventes industriales, de plaguicidas, de plásticos, de la nicotina y las colillas de los cigarros, algunos de los cuales actúan como disruptores endócrinos conocidos como “contaminantes emergentes”.
Estos nuevos contaminantes no están aún considerados en la normatividad, a pesar de la evidencia de que inciden en el incremento de enfermedades crónico – degenerativas; se tiene entonces, una situación incongruente pues a la vez que se agudizan los problemas básicos del saneamiento del agua derivados de lo ya expuesto anteriormente, se agrega el caso de la industria, pero eso sí, la población tiene acceso a productos de una sociedad de consumo “moderna”.
La inversión en la infraestructura para el manejo del agua y su saneamiento tiene efectos positivos evidentes en la reducción de la incidencia de enfermedades gastrointestinales lo que disminuye el gasto en salud pública y atención médica.
La información oficial documenta coberturas aceptables de suministro de agua (al 92.5% de la población), drenaje (73.0%) y fosas sépticas (18.0%).
Sin embargo, el tratamiento de las aguas residuales es insuficiente: únicamente se contabilizan como tratados 129 m3 por segundo de las 212 colectadas de los municipios. Por otra parte, únicamente el 54% de las plantas menores a 100 litros por segundo funcionan y de estas el 25% lo hacen de manera adecuada. Como resultado, más del 50% de las plantas de tratamiento presentan una calificación global de pésimo a mal funcionamiento.
La cloración no asegura la eliminación completa de los microorganismos resistentes como el virus y parásitos.
El deterioro de la buena calidad del agua y la desconfianza generalizada hacia los servicios de abasto, ha favorecido el consumo del agua embotellada. México es el principal consumidor por persona de agua embotellada en el mundo y el segundo consumidor mundial por volumen total.
Por otra parte, la importancia de las aguas subterráneas ha permanecido invisibles, estas constituyen la principal fuente de agua de México y el mundo. Las aguas subterráneas son un bien social y el reaseguro del agua para las generaciones futuras y un recurso que genera enormes riquezas económicas. Una estimación general indica que las aguas subterráneas sostienen alrededor del 62% del uso público, el 52% del uso industrial y el 34% del uso agrícola y agroindustrial.
Aún hay poco conocimiento sobre el funcionamiento de los acuíferos y se carece de una normatividad clara; ambos hechos son fundamentales para su manejo como es la protección y aprovechamiento. A su vez, el 80% del agua de buena calidad proviene de los acuíferos, mientras que el consumo de agua de 60 millones de mexicanos depende de acuíferos sobreexplotados.
Es así que, de 653 acuíferos (unidades de manejo del agua subterránea), la CONAGUA reconoció en el año 2016, que 105 (el 16%), de los acuíferos están en condiciones de franca sobreexplotación, 32 (el 5%) tienen agua salobre y 18, (el 3%) tienen intrusión salina en los sistemas costeros.
El principal mecanismo de recarga de los acuíferos mexicanos es la infiltración de la precipitación pluvial estimada en aproximadamente un 6% de los también estimados 800 mm promedio anuales de lluvia.
Un tema con fuerte debilidad en México es el limitado alcance de la gestión de cuencas y su reconocimiento como espacios físicos y sociales idóneos para el diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento de las decisiones tomadas.
Como ejemplos de la incongruencia mencionada en un párrafo anterior aparece el uso para mega – proyectos mineros, turísticos y de aprovechamiento energético (Fracking), que generan riqueza y crecimiento económico y no para cumplir con la necesidad del agua para el bienestar y salud de la población mexicana.
Los problemas mencionados arriba, son solamente algunas de las múltiples consecuencias de una gestión del agua y cuencas que no está a la altura de las necesidades actuales de México.
Por esta situación la Auditoria Superior de la Federación (2015 – 2017) concluyó que “es imperativo que las autoridades en la materia realicen cambios estructurales en sus procesos para garantizar la disponibilidad del vital liquido para las generaciones presentes y futuras… los problemas continuarán agravándose si las autoridades (y la ciudadanía) no se replantean la forma de administrar el agua”.
Propuestas.
La experiencia nacional e internacional señala la importancia de algunas líneas de trabajo que se describen a continuación:
• La seguridad hídrica.
• Los cambios legales y de diseño institucional.
• La colaboración y la coordinación interinstitucional (los tres órdenes de gobierno).
• Implementar verdaderos esquemas participativos.
• La generación de información confiable y transparente; su carencia debilita la toma de decisiones.
• El manejo del agua urbana.
• El agua rural, particularmente en territorios vulnerables.
• La regulación y la mejor gestión de las aguas subterráneas.
Es evidente que el gobierno y la ciudadanía tenemos una tarea formidable enfrente y que ya debió ser iniciada desde hace algún tiempo.
