La sociedad civil y la lucha contra los plaguicidas
Por: Manuel De la Torre Rivera
Pese a que muchas sustancias de los plaguicidas han sido prohibidas en los países signatarios del Convenio de Estocolmo de 2004, cuya finalidad es eliminar o restringir la producción y uso de contaminantes orgánicos persistentes, se reconoce que muchos plaguicidas aún están presentes en países pobres o en vías de desarrollo, como es el caso de México, y debido al crecimiento poblacional que se prevé para 2050, los mismos no dejarán de emplearse en la agricultura.
Desde 2014, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se emitió el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, para regular su manejo desde su producción hasta su eliminación. Se destacó que entre las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se incluye hacer que se prohíban los plaguicidas más tóxicos para el ser humano y los que permanecen durante más tiempo en el medio ambiente, con el fin de proteger la salud pública mediante el establecimiento de límites máximos de residuos de los plaguicidas en los alimentos y el agua.
Recordemos como trágico antecedente que en 1991 estalló y se incendió un local repleto de plaguicidas en Córdoba, Veracruz ubicado en plena zona urbana y a unos pasos de varias escuelas, el que funcionó impunemente con el apoyo de las autoridades sanitarias durante tres décadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió el año pasado la Recomendación 82/2018 a Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; a José Alonso Novelo Baeza, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a Javier Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por la mala gestión de los plaguicidas en México, y en particular aquellos altamente peligrosos. La CNDH considera que se están violando los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud. Además de atentar contra la biodiversidad. Destaca el incumplimiento de la obligación que tiene el sector público para normar o prohibir la comercialización y uso de tales sustancias.
La recomendación es fruto de la queja que en julio y agosto de 2017 interpusieron 43 grupos de la sociedad civil. Se inconformaron por falta de acciones administrativas para restringir el uso de los plaguicidas altamente tóxicos. También es digna de mención la incansable labor de investigación y difusión de la doctora Lilia América Albert, toxicóloga ampliamente conocida, que ha ofrecido en Salamanca, Gto., sus autorizadas opiniones sobre esas sustancias y sus nocivos efectos, otra especialista es la maestra en ciencias toxicológicas, Alma Delia Viveros Ruiz, ambas expertas de la UNAM en el tema.
El pasado 24 de abril del presente año, en la comparecencia de José Alonso Novelo Baeza, comisionado de la Cofepris, ante la Comisión de Salud del Senado de la República, el funcionario señaló que de los 35 plaguicidas cuyo uso está prohibido en el Acuerdo de Róterdam, en el país no se permite la importación de 20, de los diez siguientes permite el intercambio pero con ciertas condiciones y de los cinco restantes, la Cofepris no proporcionó información. En cuanto a pesticidas, de los 17 incluidos en el Convenio de Estocolmo, México sólo ha cumplido con las restricciones fijadas para ocho de ellos.
En la edición del lunes 11 de noviembre de 2019 del periódico la Jornada, se informó: “El gobierno federal determinó prohibir la importación de 17 plaguicidas, tras reconocer que pueden ocasionar daños a la salud por inhalación de aire contaminado, ingesta de alimentos o agua que contengan sus residuos y contaminación del suelo. La decisión se tomó también para cumplir dos convenios internacionales que México suscribió años atrás en la materia para proteger la salud humana y el medio ambiente.»
En la edición sobre Plaguicidas y Ambiente, recién publicado por la doctora Lilia América Albert, efectúa un minucioso análisis de las leyes, reglamentos, normas y demás andamiaje relacionado con los plaguicidas. Se trata de una herramienta fundamental para que las autoridades de la Cuarta Transformación hagan efectiva su promesa de garantizarnos el derecho constitucional a la salud y a disfrutar de un ambiente sano.
Es obligación de la sociedad civil, en uso de sus derechos, estar pendiente del cabal cumplimiento de las disposiciones que fija ese marco jurídico para un mejor futuro de la salud de los mexicanos y del cuidado de la biodiversidad.
