La diputada María Magdalena Rosales Cruz presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, con la cual se pretende sancionar a las personas que atenten contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Rosales Cruz manifestó que en pleno siglo XXI en México sigue prevaleciendo la discriminación y dijo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación aplicada a 39 mil 101 viviendas, tener todos de piel más oscuros predispone socialmente a que las personas ocupen los puestos menos calificados en el trabajo, mientras que las personas de piel blanca regularmente ocupan los empleos con mayor remuneración económica, lo que les permite colocarse en mejores esferas sociales y laborales.
Agregó que México era un país plagado de estereotipos claramente discriminatorios y que los efectos de la discriminación en la vida de las personas no eran cosa menor.
“Proponemos la urgente adición del tipo penal de discriminación al Código Penal pues no basta con buenas intenciones, queja, consejos o recomendaciones, sino que se requiere de una mayor protección a las personas”, indicó la congresista.
Asimismo, subrayó que todas las autoridades están obligadas en el ámbito de su competencia a formar parte de la lucha por alcanzar la igualdad, y por erradicar aquellas barreras que obstaculicen el pleno ejercicio de los derechos humanos y que tienden a afectar de manera desproporcionada a los grupos históricamente excluidos.
La legisladora hizo énfasis en la que adición presentada no era optativa, sino el resultado de una obligación adquirida por México al haber suscrito un gran número de tratados internacionales en los que se establece la obligación de implementar las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.
Además, manifestó que el delito de discriminación ya se encuentra regulado en otros estados como Puebla, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Chiapas, Sinaloa, Chihuahua, Durando, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Michoacán, México, Quintana Roo y Morelos; y que las entidades federativas que no cuentan con ese tipo penal tienen la agravante por discriminación.
La propuesta plantea una pena de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
