Iniciativa ciudadana para hacer realidad el derecho al agua
Manuel De la Torre Rivera
El pasado sábado 15 de febrero se publicó en el periódico La Jornada sobre la iniciativa ciudadana entregada al Congreso de la Unión, relacionada con el nuevo marco legal que significará la Ley General de Aguas, que viene a cubrir un vacío en el cumplimiento cabal de ese recurso como Derecho Humano, como lo prescribe la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
La propuesta cumple cabalmente con la reforma de febrero del 2012 al artículo 4° de la Constitución, mandata una ley que asegure las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación de la ciudadanía, respetando la autodeterminación de los pueblos.
Es de todos conocido que este recurso es fundamental para la vida, que en nuestro país ha sido sobreexplotado y se han contaminado el 60% de los recursos superficiales, como lo denuncia la falta de disponibilidad del recurso en amplias regiones del país y que ya han colocado al estado de Guanajuato en condición de estrés hídrico, que pone en riesgo todas las actividades económicas y la vida misma para las futuras generaciones de guanajuatenses.
La iniciativa ciudadana propone remplazar el actual ejercicio arbitrario de la autoridad por planes rectores aprobados en consejos mayoritariamente compuestos por representantes de: asambleas de pueblos originarios, afectados hídrico ambientales, investigadores, sistemas comunitarios, juntas municipales, agricultores para la autosuficiencia alimentaria, defensores de derechos humanos y ambientales y empresas sustentables.
La iniciativa ciudadana no sólo prevé instancias democratizadas, además propone los instrumentos necesarios para que se de ésta. Cualquier obra o proyecto que pudiera vulnerar el derecho humano o de los pueblos al agua, requeriría de un dictamen de impacto socio hídrico favorable, que tendría que demostrar que este derecho básico no sería violado y que la población potencialmente afectada haya dado su consentimiento previo, libre e informado.
Es tiempo de actuar antes de que sea demasiado tarde, cuando llegué a Salamanca hace 60 años (1960), era posible extraer agua de pozos artesianos a sólo 3 metros de profundidad, en la actualidad el abatimiento del nivel freático está a más de 180 metros, el agua de calidad potable se está agotando en varias regiones de nuestro estado y así, tendremos graves problemas si no hacemos algo.
Es tiempo de organizarnos en la ciudad y las comunidades rurales, con la ley en la mano, haciendo realidad las posibilidades de esta propuesta ciudadana.
La grave situación a que hemos llegado ya se conocía desde hace décadas, pero han prevalecido los intereses económicos de unos cuantos sobre los intereses de las comunidades con ausencia de gobernabilidad que ha sido posible en gran medida por la falta de participación y de compromiso ciudadano, de las universidades e instituciones de investigación, al que esta iniciativa ahora está convocando.
Salamanca, Gto., 23 de febrero del 2020.
