Por: Alfonso Díaz Rey

En México y en buena parte del mundo surgen propuestas y se llevan a cabo medidas y acciones para mitigar y suavizar la crisis económica que con el efecto sinérgico de la sanitaria, ocasionada por el SARS-CoV-2, adquirió dimensiones que en algunos aspectos hicieron recordar los tiempos de la Gran Depresión (1929-1939).

Tales propuestas, medidas y acciones, que son ampliamente difundidas y calificadas como indispensables, tienen por objeto mantener un estado de cosas que garantice la continuidad del sistema económico, político y social vigente, causante directo de las crisis económicas y no pocas de otro tipo.

Tal continuidad se logra mediante el «rescate» de grandes empresas y capitales, por parte del Estado, lo que implica la adopción e implementación de mecanismos, entre los que pueden citarse: estímulos fiscales, créditos blandos, concesiones, transferencias de bienes y de recursos financieros a entidades privadas, adquisiciones estatales con sobreprecios, licencias, condonación de impuestos y otras deudas, controles salariales, legislación regresiva. Ello se traduce en la socialización de los costos de la crisis, los que recaen sobre toda la sociedad, especialmente sobre los trabajadores. Habría que agregar que cuando existen manifestaciones de inconformidad, el propio Estado se encarga de reprimir a los inconformes.

Cabe citar que las recomendaciones para la implementación de esos rescates provienen de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los que fueron creados a fines de la primera mitad del siglo pasado, naturalmente, bajo el dominio de las potencias capitalistas, para mantener la vigencia del sistema.

Los «rescates a la economía», como suelen llamarlos, favorecen y fortalecen a las oligarquías de los países donde se aplican y benefician, en menor medida, a sus lacayos que ejercen funciones administrativas o de operadores políticos, algunos de los cuales, por la riqueza acumulada, forman parte de la alta burguesía o se han convertido en oligarcas.

Sin embargo, los rescates no son más que un gran agujero que se hace para tapar otro; y como el sistema es incapaz de dar solución al fenómeno de las crisis económicas, lo que en realidad sucede es la mitigación de ciertos efectos y condiciones, para que en el siguiente ciclo reaparezcan, generalmente con mayor gravedad, los mismos o nuevos problemas, que demandarán nuevos rescates y significarán mayores costos para los pueblos.

Las propuestas van desde la implementación de mecanismos para suavizar la crisis hasta «cambio de modelo». Históricamente nada de eso ha funcionado, pues las crisis se repiten cada vez más severas.

Mientras la solución a las crisis económicas se busque dentro del sistema que las genera, nunca se encontrará. Porque para un sistema que basa su existencia y reproducción en la explotación del ser humano y la naturaleza, la solución implicaría renunciar a su esencia y, necesariamente, su desaparición; cosa que, por los enormes intereses en juego, no están dispuestos a aceptar quienes a ello deben sus fortunas, privilegios y poder.

Un hecho irrebatible es que el sistema capitalista conduce a la humanidad a condiciones que ponen en serio peligro su existencia, junto con otras formas de vida. Las diferentes manifestaciones de la crisis, que no es solamente económica, sino que incluye aspectos ambientales, políticos, culturales, sociales, y, en general, la estructura toda de la sociedad y su entorno natural, dejan ver la necesidad y urgencia de la construcción de un sistema económico, político, social, salud y ambiental diferente.

Una nueva sociedad en la que el ser humano deje de ser el único eje y objetivo; una en la que la justicia, la solidaridad, la equidad y la cooperación sean pilares en las relaciones sociales y, además, como algo fundamental, el predominio del mayor respeto y protección a la naturaleza.

El nombre… es lo de menos. Lo realmente importante es la conciencia, organización y la unidad para, al menos, iniciar esfuerzos que conduzcan a construir un país y un mundo mejor.

Salamanca, Gto., 16 de agosto de 2020.