El Pleno del Congreso exhortó a la Secretaría de Educación de Guanajuato, para que por su conducto se instruya a las escuelas públicas y privadas de todos los niveles del Estado, a fin de eliminar la práctica de solicitar cuadernos y libros con forros de papel y plástico, e invitarlos a promover entre los padres de familia y estudiantes la adquisición de libretas de papel ecológico, biodegradable y reciclado.
Al hablar a favor del exhorto, el diputado Jaime Hernández Centeno expuso que los elevados niveles de contaminación por papel y plástico son una realidad que causa daños graves al ecosistema, impactando directamente en los mantos acuíferos y causando estragos importantes en la flora y la fauna.
“En Movimiento Ciudadano, el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestra agenda legislativa. Estamos comprometidos con la implementación de políticas públicas que aminoren y detengan el creciente problema de la contaminación…Son estas pequeñas acciones las que generarán un cambio a corto, mediano y largo plazo. El planeta nos necesita. No podemos bajar la guardia, contribuyamos con nuestro grano de arena y construyamos un medio ambiente sustentable para las generaciones venideras”, agregó.
Aprobación en materia fiscal
En otro punto del orden del día, la Asamblea aprobó reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en las que se establece que la legislación fiscal señalará los elementos y la naturaleza de las contribuciones, aprovechamientos y productos; así como las reglas generales de causación, cobro y recaudación de los ingresos fiscales. Asimismo, precisa que en la Ley de Hacienda deberán establecerse las tasas de los impuestos estatales.
Autorización de enajenación
En la misma sesión ordinaria, el Pleno del Congreso reformó los Decretos Legislativos 204 y 227 para permitir la ampliación del plazo para la enajenación de los bienes inmuebles.
La diputada Ma. Carmen Vaca González habló en contra de la reforma al decreto legislativo 204. Cuestionó el trabajo que realizar Fondos Guanajuato y el destino que le da a los bienes inmuebles que embargan y que debe administrar. Refirió que en varias ocasiones dichos inmuebles se otorgan como pago de favores y beneficios a un grupo reducido de personas.
“Estoy en contra de la venta de los bienes y que no haya claridad en cómo se obtuvieron o fueron enajenados, éstos no cuentan con avalúos. Los bienes quedaron en manos de un fideicomiso y me pregunto cuántos comerciantes se quedaron sin sus negocios, sin sustento”, acentuó.
En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos señaló que el objetivo de Fondos Guanajuato es apoyar a los comerciantes, no de obtener bienes inmuebles, por ello se autoriza la desafectación de los mismos. En este sentido, subrayó la importancia de conocer el proceso legal para evitar malas interpretaciones. Asimismo, consideró que necesario distinguir entre falta de transparencia y no conocer la información.
Asimismo, autorizó al Poder Ejecutivo del Estado la desafectación del dominio público estatal de fracciones de bienes inmuebles y de bienes inmuebles propiedad estatal para enajenarlos: a favor del municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. y se destine a la construcción de la obra denominada Andador Universitario; aportarla al Parque Tecnológico de Guanajuato, S.C.; donar un lote de terreno en favor del Tecnológico Nacional de México con destino al Centro Regional de Optimización y desarrollo de Equipo de Celaya CRODE Celaya; donar el inmueble en favor del municipio de San Francisco del Rincón para que se destine a las instalaciones del Sistema DIF municipal; donar al municipio de Doctor Mora para la construcción de la obra denominada Prolongación de la calle Esperanza, y otro para ese mismo municipio, para la construcción de la obra denominada Modernización del Camino San Antonio Tercero-La Florencia.
Al hablar a favor de los dictámenes, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos destacó que con la aprobación de los dictámenes en cuestión se sumará al desarrollo del Estado y del país, colocando en primer lugar el bienestar de la población, además se visualizará el desarrollo de acciones gubernamentales materializadas en apoyos económicos, la construcción de vías de comunicación, el desarrollo urbano, el apoyo a la educación, la ampliación de cobertura de asistencia social y el fomento a la innovación.
“Con estas acciones se abona a mantener sanas las finanzas públicas estatales y al desarrollo de acciones en favor de la economía local, esto último, fortaleciendo los esfuerzos generados derivado de la pandemia que hoy nos aqueja”, dijo.
En rectificación de hechos, la diputada Carmen Vaca González cuestionó la razón social del Parque Tecnológico de Guanajuato, ya que dijo se ha incumplido con la misma en varias ocasiones.
Respecto a la donación de un bien inmueble de propiedad estatal en favor del municipio de San Francisco del Rincón, para destinarlo a las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de dicho municipio, la diputada Celeste Gómez Fragoso habló a favor del mismo.
Subrayó que con la aprobación del dictamen se permitirá alcanzar el nivel de seguridad jurídica que exige el sano desarrollo de las actividades de asistencia social, al contar con un inmueble propio, además de que se podrán destinar recursos para adecuarlo a las necesidades de los usuarios con total certeza.
Destacó que los más beneficiados serán los francorrinconenses, pues al contar con la formalización de este espacio físico se continuará con el impulso y desarrollo de políticas públicas en favor de los ciudadanos, promoviendo la integración de la familia como institución normativa, a través de modelos integrales de asistencia social.
“Con estas acciones se podrá dar continuidad a los trámites y servicios que ya se ofrecen en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por mencionar algunos: programas alimentarios; psicología; rehabilitación; trabajo social; por una niñez de grandeza; y adultos mayores”, agregó.
Otras aprobaciones
En otro punto, las diputadas y los diputados declararon aprobada la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de separación del cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Asimismo, aprobaron los informes que contienen las transferencias y ajustes presupuestales del Congreso del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de abril y del 1 al 31 de mayo del año en curso.
Por otra parte, se aprobó el archivo definitivo de dos iniciativas de reforma. La primera pretendía modificar el Código Civil para el Estado de Guanajuato en materia de extinción de inscripciones por caducidad ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; mientras que la segunda buscaba reformar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en materia de ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial en los juicios ordinarios civiles.
Además, se aprobó una auditoría específica practicada a la administración pública municipal de León, respecto a los procesos de contratación, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, referentes a operaciones realizadas con diversas personas físicas o morales, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo tramitado bajo el expediente número 784/2018-V.
Así como una auditoría integral a la administración pública municipal de León, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2012, por los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año 2015, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo tramitado bajo el expediente número 309/2019-IV y promovido por el ciudadano José Cruz Hernández Moreno.
También, se aprobó una auditoría específica practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por lo que respecta a las operaciones realizadas del Programa Integral de Enlace y Monitoreo en Materia de Seguridad Pública (ESCUDO), correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018; y una auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con enfoque al cumplimiento de objetivos orientada a los resultados alcanzados por el programa E041 Justicia Ambiental, por los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz habló en contra de la auditoría específica mencionada. Recordó el proceso de adjudicación directa por el que se otorgó el programa de seguridad y prevención ESCUDO a la empresa Seguritech. En este sentido, señaló que dicha operación estuvo permeada de irregularidades.
“Las y los guanajuatenses sabemos que ESCUDO solo fue un pretexto para un negocio, pero no quitaremos el dedo del renglón, pese a que en esta auditoría financiera mencione que todo está bien, que el Programa ESCUDO no tuvo inconsistencias o desapego a la ley en cuanto al gasto, solicitaremos una auditoria de desempeño y esperamos que esta se realice en apego a la legalidad y sin buscar esconder lo que es evidente”, adelantó.
En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos señaló que los informes de las auditorías que año con año se realizan al programa ESCUDO se realizan de manera responsable y profesional, al igual que todo el trabajo que se realiza desde la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por lo que pidió que no se descalifique la labor que lleva a cabo dicho órgano colegiado.
De igual forma, se declaró revisada la cuenta pública municipal de Yuriria, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo indirecto tramitado bajo el expediente número 364/2019-II y promovido por el ciudadano Yoary Arellano Núñez; y la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
Finalmente, se aprobaron las auditorías practicadas a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por las administraciones municipales de Yuriria, Jerécuaro, Manuel Doblado, Santa Cruz de Juventino Rosas, Celaya, Irapuato, Santiago Maravatío, Comonfort, Cortazar y Pueblo Nuevo, todas correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2018.
