Diputados presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de adicionar la extorsión, como una de las conductas por las que procede la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva de oficio.
En la exposición de motivos, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera explicó que con dicha modificación se fortalecerá el combate, la investigación y sanción del delito conocido como extorsión, además de evitar la reincidencia o la comisión de nuevos delitos, asegurar la investigación, la comparecencia del inculpado al proceso, pero sobre todo preservar la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general.
El legislador argumentó que el delito de extorsión, en sus distintas modalidades, cada vez más amplias en sus formas de comisión, conlleva conductas en las que participa la delincuencia y cuyo proceso consiste, principalmente, en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas, a través del uso de agresiones de diversa índole.
“Así pues, desde el Estado de Guanajuato, preocupados, pero sobre todo ocupados por generar alternativas de fortalecimiento de nuestra sociedad a través de ambientes seguros, justos y prósperos, que a la par redunden en la protección de los bienes jurídicos necesarios para una convivencia adecuada, así como con el ánimo de coadyuvar a nivel nacional en la generación de esquemas jurídicos idóneos para un efectivo combate a la delincuencia, proponemos la presente iniciativa, convencida que con la suma y multiplicación de voluntades en esta asignatura, seguiremos avanzando en uno de los objetivos esenciales que se busca: la paz y la tranquilidad para las y los mexicanos”, acentuó.
Asimismo, recordó que el pasado 12 de abril del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al numeral 19, mismo que tuvo por objeto adicionar diversos delitos para efectos de prisión preventiva oficiosa, estudio y análisis parlamentario del cual se tiene el referente que dentro del cúmulo de iniciativas presentadas se encontraba la propuesta para incluir el delito de extorsión, sin embargo, después de un análisis se desechó dicha propuesta.
“En tal orden de ideas, es de hacer notar que el no considerar el delito de extorsión como uno respecto de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, dejó al margen un paso que pudo darse para disponer de un marco jurídico integral a los operadores de la norma, ya que, efectivamente aunque en primera instancia el bien jurídico tutelado es el patrimonio de las personas, a la par se debe atender a que el mismo es un delito que genera alteración emocional, psicológica, moral, un impacto de temor, angustia, sufrimiento e incertidumbre en la víctima, trastoca su estabilidad y tranquilidad siendo que el delincuente para lograr su cometido económico amenaza incluso con atentar contra la vida, libertad y seguridad de la víctima o de la de sus familiares o seres queridos”, dijo.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
