Feministas y defensoras de Derechos Humanos exigen al gobierno federal que reconozca que el aumento de muertes violentas de mujeres se debe, entre otras cosas, a que hay territorios controlados por el crimen organizado. Aseguran que en este contexto de violencia hay patrones que relacionan las pugnas por el territorio con el aumento de feminicidios.

“Las zonas tomadas por el crimen organizado en muchas regiones del país se han convertido en tierra sin ley, donde sólo manda la ley del crimen organizado (…) Tenemos una situación en conflicto similar a la de una guerra. El crimen organizado considera a la mujer una mercancía muy redituable”, aseguró en conferencia Patricia Olamendi, coordinadora de la Red de Seguridad y Paz.

María Salguero, creadora del mapa nacional de feminicidios en México, explicó que las mujeres son vistas por el crimen organizado como objeto sexual y también como instrumento de venganza: “Que el gobierno no quiera asumir que estamos en una situación de guerra es diferente, pero las dinámicas de violencia que vemos sobre los cuerpos de las mujeres nos lo explican. La pugna por el control de territorios también se está escribiendo en los cuerpos de las mujeres”.

“Son venganzas ejercidas por hombres contra terceras personas que son mujeres (…) No es que estén involucradas en temas del crimen organizado. Las mujeres son vistas como un arma de guerra, son usadas para hacerle daño a los rivales”, agrega.

De enero a julio de 2020, dos mil 240 mujeres fueron asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con María Salguero, 60 por ciento de las mujeres asesinadas del 16 de marzo al 30 de junio, fueron víctimas del crimen organizado. “Es claro el modus operandi: participación de uno o dos sicarios, comandos armados, uso de armas exclusivas del ejército, narcomensajes y tortura”, afirma.

Patricia Olamendi y María Salguero coinciden en que las cifras oficiales no son el reflejo de lo que realmente ocurre en el país. Primero, porque solo se cuenta el número de carpetas de investigación, no de mujeres asesinadas, y segundo, porque en zonas controladas por el crimen organizado denunciar significa un riesgo. “La ocupación territorial impide que muchas familias tomen la decisión de denunciar, dado que son amenazadas, entonces, mucha de la cifra negra que hay en el país está en esas regiones”, asegura Olamendi.

Verónica Caporal, antropóloga social feminista, asegura que vivir en zonas controladas por la delincuencia pone en riesgo a las mujeres, a sus hijos y también a quienes intentan denunciar.

“Este panorama de violencia a lo largo y ancho del país ha propiciado un aumento de las llamadas zonas silenciadas, esta categoría describe el contexto geográfico donde los medios de comunicación, las personas defensoras, activistas, las académicas, viven bajo amenaza cuando quieren documentar las problemáticas. La violencia se expresa con homicidios, secuestros, agresiones físicas y sicológicas”, afirma.

Asegura que es urgente que el gobierno federal intervenga y reconozca que los feminicidios son un problema de seguridad que va en aumento.

Información de: VANGUARDIA