En el SENADO de la República se propuso reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que cualquier funcionario público agresor sea inhabilitado de su puesto por 10 años y hasta separado de su cargo.
En el senado se presentó una iniciativa para que se considere como una falta administrativa grave, el hostigamiento y acoso sexual laboral que cometa un servidor público, en contra de algún subalterno o particular.
Se dijo que la propuesta, que fue enviada a las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, contribuye a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, a su empoderamiento y a romper la impunidad que actualmente persiste en este tema.
“Es indispensable legislar en pro de los derechos humanos de las mujeres, ampliando el margen de protección y seguridad, con perspectiva de género”, asasentó senadora Verónica Martínez.
La misma legisladora señaló que el hostigamiento sexual se caracteriza por existir una relación de subordinación de la víctima frente al agresor, quien aprovecha esta situación para ejercer presión, coaccionar o condicionar con fines lascivos, ya sea verbal o físicamente, lo que pone en riesgo su empleo, su integridad física, su libertad y, en casos extremos, hasta su vida.
Por ello, puntualizó, es una injusticia que una mujer tenga qué dejar su trabajo por conductas “inaceptables y vulgares” en su área laboral.
