Con el objeto de fortalecer el marco jurídico de protección de los derechos de la niñez y juventud guanajuatense, se presentó  una iniciativa de reforma a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, para armonizar los criterios internacionales para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos al erradicar el acoso escolar motivado por la orientación sexual, expresión de género y características sexuales de las personas estudiantes.

En el congreso se  manifestó que el acoso u hostigamiento escolar era un tipo de violencia que tenía lugar en los entornos educativos. En ese sentido, manifestó que en su informe de violencia contra personas LGBTI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que el acoso u hostigamiento escolar era una casual de especial preocupación en el continente, debido a su alta prevalencia y su relación con el ausentismo, la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y deportivo, la diminución de la intención de proseguir hacia la educación superior, la presencia de niveles altos de depresión y baja autoestima e incluso el suicidio entre las personas LGBTI.

“Los actos de acoso escolar motivados en la orientación sexual, identidad y expresión de género envían un mensaje a las personas LGBTI de que sus identidades no son aprobadas, promoviendo y legitimando prejuicios en toda la comunidad educativa, en tanto la violencia suele provenir tanto de estudiantes, como de docentes, personal administrativo y directivo, por lo que podría caracterizarse como un tipo de violencia institucional”, indicó Ángel Rocha.

Asimismo, afirmó que la encuesta nacional sobre violencia escolar basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género hacia estudiantes LGBT en México, refiere que las personas participantes declararon haber experimentado acoso verbal en el 83.9% de los casos, acoso físico en el 35% de los casos y acoso sexual en el 44.5% de los casos.

Después de exponer algunos rasgos identitarios de las víctimas y describir los incidentes que han enfrentado, la congresista apuntó que si bien sería deseable que este fenómeno fuera monitoreado y atendido por la Secretaría de Educación estatal, los hechos revelaban que eso estaba lejos de suceder, ya que de acuerdo al Informe de Resultados de la Plataforma Visible de 2020, la máxima instancia de la educación en la entidad refirió, tanto en 2016 como en 2019, no sistematizar los casos que se presentaban en el estado en materia de acoso escolar, toda vez que no formaban parte de los supuestos considerados por la Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

“El escenario descrito permite observar que las autoridades guanajuatenses no solamente se empeñan por mantener el estatus quo de la normativa local que excluye a las personas de la diversidad sexual y de género, sino que incluso se mantienen en la postura de impedir el emprendimiento de acciones a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia y discriminación hacia dichas poblaciones”, finalizó la congresista.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.

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