En sesión ordinaria, la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Raúl Humberto Márquez Albo y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a fin de reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales.
En la exposición de motivos, la diputada María Magdalena Rosales Cruz explicó que la iniciativa propone multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 20%, y no por el 40% actualmente previsto, lo anterior para disminuir la mitad del financiamiento público que actualmente se otorga a los partidos políticos.
“En ese sentido, consideramos que es una necesidad impostergable e ineludible reducir el gasto público en áreas no prioritarias, para destinar dichos recursos a la atención de necesidades prioritarias de los habitantes de Guanajuato, tales como agua, salud, educación, transporte, entre otras”, acentuó.
Recordó que con la reforma político-electoral de 2007 se estableció la fórmula que actualmente prevalece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para determinar el financiamiento público a los partidos políticos, la cual es: multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Precisó que, en Guanajuato, los partidos políticos nacionales que tienen derechos electorales en la entidad recibieron, en 2018, por los dos tipos de financiamiento público que no están relacionados directamente con actividades electorales, es decir, actividades ordinarias permanentes y actividades específicas como entidades de interés público, un total de 122.6 millones de pesos; los cuales, para 2021, se incrementaron hasta 142.7 millones, esto es, un aumento16.4% en tres años.
Asimismo, refirió que la ley local en materia electoral omite incluir otro aspecto contenido en el artículo 116, fracción IV de la Constitución nacional, en el cual se señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, deberán redactarse de conformidad con las bases establecidas en la Constitución federal y en la Ley General en la materia, para garantizar que todos los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para las tendientes a la obtención del voto, por lo que dijo, en la iniciativa se plantea que se agregue lo establecido en el artículo referido.
“Si bien tratándose del financiamiento público para los partidos locales, la Ley General da pautas precisas para su otorgamiento y distribución, tratándose del financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales, únicamente establece la obligación de otorgarlo, dejando en libertad de configuración a las entidades federativas para establecer las reglas para su otorgamiento, debiendo cumplir con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, que dispone que debe garantizarse que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales”, añadió.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.
