La diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Raúl Humberto Márquez Albo presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado, a fin de que el procedimiento de remoción del Fiscal General Carlos Zamarripa Aguirre.

Al dar lectura a las consideraciones del documento, el legislador Raúl Humberto Márquez Albo manifestó que el informe presentado este día tenía más parafernalia destinada a maquillar la preocupante situación que se vivía en Guanajuato respecto a la procuración de justicia, que información útil para la transparencia y rendición de cuentas.

Apuntó que independientemente del cambio de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General del Estado su titular era el mismo y consideraba que había sido incapaz de llevar a cabo sus atribuciones observando principios de actuación fundamentales, como el respeto a los derechos humanos, la objetividad, honradez, certeza, celeridad, entre otros.

En ese sentido, se refirió al informe sobre la situación de fosas clandestinas, y dijo que entre enero de 2009 y julio de 2020 no se contó con información oficial sobre hallazgos de fosas en la entidad.

“La Unidad de Transparencia de la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre ha negado la presencia de fosas clandestinas a través de los años, lo cual se confirma con el hecho de que en la entidad no existe un registro estatal de fosas, ni la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Búsqueda han recibido datos actualizados de fosas por parte de la Fiscalía”, señaló el diputado

Márquez Albo agregó que, día con día, el hallazgo de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato mostraba una auténtica tragedia que autoridades como el hoy fiscal general del Estado de Guanajuato se negaron a reconocer durante muchos años.

El legislador también mencionó que además la actividad ordinaria de la Fiscalía General era sumamente ineficiente, en contraste con su amplia capacidad para mentir con estadística e indicadores a modo.

Finalmente, precisó que luego de casi 12 años de una dirección que consideraban ineficiente era necesario que se iniciaran los trámites para remover al fiscal general.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.