La diputación Permanente exhortó a los 46 ayuntamientos para que ejecuten las acciones necesarias y tengan el presupuesto para realizar las pruebas de detección del virus SarsCov2 (COVID-19) de manera progresiva a las y los trabajadores de la administración municipal, priorizando a aquellos que se encuentren realizando labores de manera presencial y tengan contacto frecuente y directo con la ciudadanía y presente síntomas comunes a esta enfermedad.
Además, para que implementen los mecanismos de atención inmediata para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, con el objetivo de salvaguardar el derecho humano a la salud.
En la exposición de motivos, la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno señaló que pese a la recomendación de la autoridad sanitaria de privilegiar y favorecer el trabajo a distancia cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en su nivel máximo y a sabiendas de que algunas de las actividades propias de la administración municipal son consideradas como esenciales, es evidente que por la naturaleza de dichas funciones y los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía (entiéndase las relativas a la seguridad, protección civil, servicios públicos, atención ciudadana, entre otras) las autoridades se han visto obligadas a llevar a cabo actividades presenciales.
“Derivado de las actividades presenciales de las y los trabajadores de las administraciones municipales, a lo largo y ancho del estado se han presentado brotes y contagios en los centros de trabajo, como lo fue el sonado caso al interior de la Dirección General del Centro de Computo Comando, Comunicaciones y Control conocida como C4 de León, en el cual esta soberanía exhortó al ayuntamiento para que realizara las pruebas necesarias para evitar más contagios”, comentó.
Recordó que de acuerdo con notas periodísticas, para el pasado mes de agosto, tan solo en 7 municipios del Estado se habían registrado 726 funcionarios contagiados; sin embargo, refirió que por lo que respecta al municipio de León, para inicios de diciembre pasado se registraron un total de 859 funcionarios contagiados, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Salud Municipal; y en el mes de diciembre el municipio de San Francisco del Rincón informó que un total de 50 funcionarios de la administración habían sido contagiados a lo largo de la pandemia.
“Tales datos, ponen de manifiesto que derivado de las funciones propias de las administraciones municipales y pese a la implementación de las medidas de prevención ya conocidas (sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, entre otras) las y los trabajadores de las administraciones municipales corren el riesgo de contraer la enfermedad. Aunado a ello, también se puede observar que las oficinas gubernamentales de los municipios, al ser en su mayoría espacios cerrados con poca ventilación y concurrencia de personas, se han convertido en importantes focos de contagio”, precisó.
Por lo anterior, la legisladora consideró indispensable que para garantizar la salud tanto de las y los trabajadores municipales como de los ciudadanos que estos atienden, se realicen las pruebas de detección de la COVID-19 de manera progresiva, como medida preventiva y con la finalidad de evitar que las oficinas públicas se conviertan en focos de contagio, hasta en tanto la transmisión del virus disminuya conforme al nivel de riesgo del semáforo epidemiológico.
La propuesta legal se dejó a disposición de la presidencia de la mesa directiva del siguiente periodo ordinario para el trámite parlamentario correspondiente.
