Guanajuato, Gto. – Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de iniciativas.

Violencia y acoso

En primer lugar, se revisó la propuesta de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios en materia de violencia y acoso. Alison Álvarez Núñez, asesora del grupo parlamentario de MORENA, precisó que la propuesta busca reconocer normativamente a la violencia y el acoso como un problema y, por tanto, como una responsabilidad que debe ser atendida por todos los actores del mundo laboral, especialmente por los titulares de las dependencias que establecen relaciones laborales con las y los trabajadores.

De manera general, los participantes manifestaron que ambos términos ya se encuentran regulados en la legislación actual; que al Estado Mexicano ratificar el convenio en la materia, se convierte en una norma obligatoria en el país; que había que revisar cómo va a quedar le legislación federal; contemplar la implementación de vías de recurso y profundizar en los mecanismos para evitar que se vuelvan a cometer esos actos; evitar la revictimización, entre otros.

Al respecto, la diputada Susana Bermúdez Cano consideró dos temas importantes: la vacatio legis y la necesidad de esperar a que el Congreso Mexicano defina el tema en la norma general, por lo que, dijo, se veía la inviabilidad de la propuesta e instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo.

Fideicomisos públicos

En un segundo momento se analizó la propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de fideicomisos públicos. Al respecto, Alison Álvarez apuntó que se pretende establecer un sistema de pesos y contrapesos en la creación, manejo y extinción de los fideicomisos; lo anterior, con la finalidad de fortalecer sus mecanismos de transparencia y combatir la opacidad.

Los participantes compartieron que la propuesta era una invasión a la división de poderes, que no había opacidad, que era una forma de administrar recursos públicos y no se dejaba al arbitrio de una sola persona, que no resultaba necesario la reforma, ya que en diseño actual para los fideicomisos contempla la participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, cada uno desde su ámbito de competencia, entre otros.

La diputada Susana Bermúdez Cano mencionó que coincide con el tema de inconstitucionalidad, en un sentido de no generar intromisión o subordinación; que no existe una falta de regulación; que Guanajuato se posiciona en los primeros tres lugares del Índice de Estado de Derecho en México, por lo que instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo.

Estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá y Briseida Anabel Magdaleno González, así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.

Además, participaron representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Instituto Electoral Estatal, de la Coordinación General Jurídica, de la Universidad de Guanajuato, del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; así como asesores de los distintos grupos parlamentarios.