#Estado PROPONEN QUE DEUDORES ALIMENTARIOS NO LLEGUEN A SER FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 En sesión ordinaria, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal, integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, formularon una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de incorporar la obligación del estado y municipios de abstenerse a contratar deudores alimentarios.

En su exposición de motivos, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo manifestó que los alimentos son el derecho que tienen las personas para obtener aquello que es indispensable, no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida.

Agregó que el derecho de alimentos va más allá de la mera comida, pues como se ha reconocido en el Código Civil estatal, los alimentos incluyen la comida, pero también el vestido, la habitación, la asistencia en casos de enfermedad y las expensas necesarias para la educación obligatoria.

“El incumplimiento de la pensión o ministración de los alimentos vulnera el bienestar de la niñez y, en la mayoría de las ocasiones, de las mujeres, toda vez que este incumplimiento tiene una dimensión de género: suele suceder que son los hombres quienes no brindan una correcta manutención del menor, dejando a las mujeres con una responsabilidad desigual en la crianza y desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores en el núcleo familiar. En este sentido, se vulneran al menos dos principios constitucionales: el interés superior de la niñez, y la igualdad y no discriminación”, enfatizó la congresista.

En ese sentido, argumentó que la propuesta surge de la necesidad de proteger tanto a las niñas, niños y adolescentes, como a las mujeres, por lo cual pretende crear una medida para garantizar que las obligaciones alimentarias no sean incumplidas por los servidores públicos del Estado o quienes aspiren a un cargo de elección popular.

“Propone incorporar constitucionalmente la obligación de que el Estado y los municipios se abstengan de contratar como servidores públicos o empleados a personas que sean deudores alimentarios declarados judicialmente. Además, proponemos suspender la prerrogativa consistente en la posibilidad de ser votados para los cargos de elección popular”, enfatizó Aguilar Castillo.

Agregó que ambas medidas con la finalidad de fortalecer los mecanismos que actualmente existen en la legislación con la finalidad de garantizar el derecho humano a la alimentación, así como el interés superior de la niñez.

Finalmente, dijo que en el Estado de Guanajuato existe un área de oportunidad para conseguir que los servidores públicos o empleados al servicio del Estado no sean deudores alimentarios morosos

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

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