El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sólo la Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de modificar el presupuesto del Poder Judicial, el cual reiteró que en parte se destina para financiar los altos sueldos y prestaciones de jueces y magistrados.
“El procedimiento es que el Poder Judicial y otros órganos autónomos envían su propuestas a Hacienda y lo que hace la Secretaría de Hacienda es enviarlas completas al Congreso. No puede el Ejecutivo modificar el presupuesto que envía el Poder judicial. Sí puede hacerlo —y lo han hecho— en la Cámara de Diputados porque es su facultad. Entonces, nosotros no vamos a modificar el presupuesto del Poder Judicial, pero sí lo puede hacer la Cámara de Diputados, es legal, es constitucional”, explicó.
En conferencia de prensa matutina criticó que jueces, magistrados y ministros perciben salarios mensuales de hasta 700 mil pesos y prestaciones onerosas, lo que significa una violación a la Constitución.
“¿Quién gana eso en México? Sólo los grandes empresarios, banqueros, pero trabajadores incluso hasta gerentes de empresas no llegan a ganar ese dinero, porque no sólo es el sueldo, es que tienen muchísimas prestaciones, desde la compra de espejuelos, lentes, hasta la compra de vehículos; comidas, fondo de ahorro especial, servicio médico privado, viajes, seguridad, jardinería para sus casas, mantenimiento de sus casas”, subrayó.
Ante esta situación, el mandatario reiteró que la alternativa para corregir al Poder Judicial y ponerlo a trabajar en beneficio del pueblo y no de los intereses de una élite, es que la ciudadanía elija democráticamente a jueces, magistrados y ministros.
En conferencia de prensa matutina, enfatizó en la necesidad de una reforma constitucional, la cual requiere una mayoría calificada de dos terceras parte de los votos en el Congreso de la Unión. Por ello, dijo, es relevante la elección de legisladoras y legisladores en 2024.
“Nosotros lo que sostenemos es que tiene que haber una renovación en el Poder Judicial por la corrupción que impera y por estos excesos que los pintan de cuerpo entero”, argumentó.
“Si continúa la transformación, tiene que renovarse el Poder Judicial. No puede ser posible que le estén dando libertad a presuntos delincuentes, no puede ser posible que estén al servicio de los potentados”, agregó.
En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario presentó el caso de Ricardo Márquez Blas, excolaborador de Genaro García Luna, quien tiene un sueldo bruto mensual de más de 122 mil pesos, sumados a una serie de prestaciones cubiertas por el erario público. El funcionario fue contratado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández.
“No estamos hablando de que sea juez o magistrado o ministro, es un funcionario. (…) Pero tiene de todo: tiene viáticos, tiene seguro médico privado, tiene caja de ahorro especial”, explicó.
En contraste, el Gobierno de la Cuarta Transformación está administrado bajo la política de austeridad republicana y el principio de honestidad, por lo que tiene autoridad moral para denunciar actos excesivos y de corrupción en el Poder Judicial, como el del ministro Luis María Aguilar Morales, quien archivó un caso empresarial que afecta a la Hacienda pública por 25 mil millones de pesos.
“¿Cómo un ministro de la Suprema Corte de Justicia recurre a esos trucos de guardar un expediente más de ocho meses en donde están de por medio 25 mil millones de pesos de pago de impuestos de una empresa? Y, por otro lado, el jurisconsulto, porque la ley es la ley, le da amparo a la gobernadora de Chihuahua, al gobernador de Coahuila para que no repartan los libros de texto gratuitos. ¿Cómo no se va a requerir de una reforma al Poder Judicial?”, cuestionó.
