Las obras del Hotel Live Aqua en San Miguel de Allende invadieron zonas federales, dañaron un batán del siglo XVIII y desataron sanciones de Profepa e INAH.

Diversas obras públicas vinculadas al Hotel Live Aqua en la zona de preservación ecológica de San Miguel de Allende han encendido señales de alarma entre autoridades ambientales y colectivos civiles. Desde marzo pasado, se ha documentado la construcción, sin permisos ni supervisión federales, de un puente y andadores que han invadido terrenos federales colindantes con la presa del Obraje. Las obras han provocado afectaciones al patrimonio histórico, incluida la destrucción parcial de un batán del siglo XVIII, y abierto la puerta a posibles daños ecológicos irreversibles.

Las denuncias originaron la intervención de distintas instancias: en abril, la clausura municipal paralizó los trabajos tras revisión de la Dirección de Desarrollo Urbano; en mayo, la Profepa detuvo la edificación del puente, al no contar con autorización ambiental federal de la Semarnat; y en marzo, el INAH ya había identificado daños al patrimonio histórico, incluyendo el antiguo batán.

Édgar Bautista, titular de Desarrollo Urbano municipal, notificó que el acceso al sitio permanece restringido hasta que Live Aqua presente estudios ambientales y permisos autorizados por Profepa, Conagua, Semarnat e INAH.

Este conflicto se agrava en un contexto donde el Charco del Ingenio, otra zona ecológica de San Miguel, fue judicialmente resguardada en 2021, cuando un tribunal estatal ordenó respetar su delimitación tras intentos de fraccionamiento irregular. Además, recientemente diputados locales exigieron al municipio reportes sobre plantas tratadoras de aguas residuales en desarrollos urbanísticos para proteger fuentes como la presa Ignacio Allende, afectada por proliferación de lirio acuático.

La comunidad exige mayor vigilancia y transparencia. Activistas y vecinos advierten que, de persistir obras sin regulación, podría consolidarse un precedente donde el patrimonio histórico y ecológico de San Miguel sea gradualmente modificado por intereses privados. Profepa ya emitió la clausura; ahora queda que Semarnat, Conagua, INAH y autoridades judiciales decidan la restitución o penalización correspondiente.