“Van a pagar los impuestos”, advirtió la presidenta Sheinbaum, tras revelar que Grupo Salinas enfrenta una inminente resolución sobre un pasivo de 74 mil mdp por parte del SAT.
El Gobierno federal dio a conocer que el empresario Ricardo Salinas Pliego y su conglomerado, Grupo Salinas, adeudan más de 74 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), suma acumulada por 32 juicios fiscales que se han mantenido activos desde hace más de 16 años.
Fue la Procuraduría Fiscal de la Federación quien detalló el panorama, afirmando que el grupo ha recurrido a múltiples herramientas legales como amparos, apelaciones y recusaciones, con la aparente intención de postergar indefinidamente el pago. Cinco de los casos más importantes están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abarcan más de 26 mil millones de pesos del total reclamado.
El caso se abordó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no dudó en responder de forma directa: “Van a pagar los impuestos”, dejando claro que su administración no permitirá privilegios y que el nuevo Poder Judicial deberá actuar con imparcialidad ante estos litigios.
El empresario no tardó en reaccionar. A través de su cuenta oficial, calificó de “lo mismo de siempre” las declaraciones del gobierno, y minimizó el señalamiento que se hizo sobre su presunto “modus operandi” para evadir el pago, en un tono desafiante que no pasó desapercibido.
De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, entre los juicios aún en proceso, cinco están en tribunales colegiados por un valor estimado de 20 mil millones; otros once se encuentran en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el resto se divide entre diversas instancias. El total creció 11 mil millones tan solo en el último año.
La autoridad hacendaria remarcó que algunos de estos procedimientos se originaron desde auditorías aplicadas en 2008 y 2010, por lo que la antigüedad de las deudas y su prolongación judicial han generado preocupación, sobre todo por el impacto económico que tiene para el país.
El gobierno sostuvo que este caso representa un ejemplo claro de cómo grandes grupos empresariales han utilizado los vacíos del sistema para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y reiteró que el tiempo de las simulaciones ha terminado.
