En los últimos cinco años, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) ha logrado hacerse de 49 bienes muebles e inmuebles pertenecientes a grupos delictivos, mediante procedimientos de extinción de dominio. Algunas de esas propiedades eran usadas para ocultar personas o mercancías ilegales; otras, son vehículos confiscados durante operativos; también se incluye dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor.
La Fiscalía informó de manera general que, hasta ahora, ninguno de los bienes confiscados ha sido vendido, subastado o rentado. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el destino de cada propiedad ni precisó su ubicación, valor o tipo de uso que se les podría dar.
Aunque desde 2019 la Fiscalía ha hecho públicos casos aislados, como el decomiso de cinco autos deportivos que terminaron destinados a la Policía Estatal, esos patrullajes nunca llegaron a entrar en operación por fallas técnicas.
En septiembre de 2023 se formalizó la adjudicación de dos inmuebles de alto valor que estaban vinculados con actividades criminales; uno en Cortazar (camino a La Gavia, en Valencia de Fuentes), utilizado para ocultar vehículos robados; otro en el callejón Ave María, en el centro histórico de Guanajuato capital, presuntamente punto de venta de drogas.
Más recientemente, el 20 de febrero pasado, la Fiscalía obtuvo sentencias definitivas que confirmaron la extinción de dominio sobre dos casas ubicadas en Salamanca y Apaseo el Grande, también relacionadas con actos ilícitos.
La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite que el Estado recupere bienes muebles o inmuebles que se usan en delitos o que resultan del producto de actividades ilícitas, incluso si el propietario no ha sido condenado. El proceso va ante un juez civil, desvinculando la propiedad del bien del delito que le dio origen.
Una vez que la sentencia es firme, esos bienes quedan bajo control estatal. Pueden dedicarse al servicio público, venderse o subastarse, aunque los criterios de transparencia y control sobre su destino aún son escasos.
