El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrenta nuevamente cuestionamientos legales y políticos por el origen de su fortuna y presunto desvío de recursos públicos.

En Campeche, la Fiscalía Anticorrupción solicitó hace unas semanas que el priista sea desaforado para poder procesarlo por peculado y un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su etapa como gobernador. El trámite se encuentra en manos de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que ya había rechazado un primer intento de desafuero relacionado con enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, 11 exfuncionarios de su administración ya fueron vinculados a proceso por delitos como fraude fiscal, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Los señalamientos contra Moreno no son nuevos. Desde 2022, la Fiscalía estatal abrió una investigación que llevó incluso a un cateo en su residencia de Lomas del Castillo, valuada pericialmente en más de 130 millones de pesos, con mobiliario y piezas artísticas calculadas en otros 50 millones.

En su declaración patrimonial, el líder del PRI asegura tener 13 propiedades adquiridas entre 2012 y 2021, con un valor total de 12.9 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades locales y diversas investigaciones periodísticas han apuntado que tan solo algunos de los terrenos en zonas exclusivas de Campeche podrían superar los 78 millones de pesos a valor de mercado actual.

El caso tomó fuerza cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hizo públicas las acusaciones en su programa Martes del Jaguar y presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por su parte, Alito Moreno ha rechazado todos los señalamientos, asegurando que su patrimonio proviene de ingresos legítimos y transparentes.

El proceso de desafuero en San Lázaro será clave para definir si las investigaciones en su contra avanzan o se quedan, una vez más, en el terreno de la disputa política.