Mientras el gobierno municipal de Salamanca impulsa campañas contra la violencia de género y difunde activamente el uso del “violentómetro” en sus redes sociales, una denuncia por presunto acoso sexual, acoso laboral y vulneración de derechos humanos fue presentada contra el Director General de Ordenamiento Territorial, Javier “N.”, sin que hasta el momento haya sido separado del cargo.

La denuncia fue interpuesta por una funcionaria municipal ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) y fue oficialmente admitida el pasado 10 de julio, con número de expediente abierto y acuse de recibido por parte del Ayuntamiento.

Pese a ello, el presidente municipal, César Prieto, declaró públicamente el 16 de julio que no tenía conocimiento del documento: “Yo no tengo… no sé si nos ha llegado un documento”, dijo ante medios de comunicación, lo que generó cuestionamientos sobre el seguimiento institucional del caso.

La funcionaria denunciante asegura haber sido víctima de hostigamiento y agresiones sistemáticas dentro del ámbito laboral. La PRODHEG inició una investigación por posibles violaciones a derechos humanos, incluida la perspectiva de género como parte de los principios rectores del procedimiento.

Cabe recordar que el municipio de Salamanca se encuentra desde septiembre de 2024 bajo los lineamientos de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo legal que obliga a las autoridades locales a implementar acciones inmediatas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, particularmente en casos dentro de las instituciones públicas.

A pesar del contexto y del marco legal, hasta el momento no se ha informado sobre la aplicación de medidas precautorias, suspensión temporal del cargo, ni acompañamiento especializado a la víctima, como lo establece el protocolo de actuación en casos de violencia institucional con enfoque de género.

La permanencia del funcionario en el cargo, junto con la omisión de información oficial por parte del gobierno municipal, ha generado inquietud entre colectivos ciudadanos y trabajadores municipales, quienes señalan una posible contradicción entre el discurso institucional y las acciones internas de la administración.