La diputada local de Morena, Hades Aguilar Castillo, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra del diputado federal Ernesto Alejandro Prieto Gallardo por presunta violencia política en razón de género, en un nuevo episodio de tensión interna dentro del partido en Guanajuato.
De acuerdo con declaraciones públicas de la legisladora, la decisión de acudir a la autoridad electoral se tomó tras la difusión de audios, mensajes y capturas de pantalla que, desde su perspectiva, contienen expresiones que cuestionan su capacidad para ejercer un cargo público por su condición de mujer, madre y por aspectos de su vida personal.
“Decir que una mujer no puede gobernar porque es madre no solamente me está atacando a mí, sino a todas las mujeres que, siendo madres, también trabajan, también sueñan con un mejor estado y con un mejor país”, expresó en entrevista.
Aguilar señaló que, tras un proceso de reflexión, optó por presentar la denuncia como una responsabilidad no solo política, sino también personal y colectiva.
“La violencia no se debe permitir en ninguna de sus formas. En la política puede haber diferencias, pero no puede convertirse en agresiones contra la dignidad de ninguna persona”, sostuvo.
En ese mismo contexto lanzó un mensaje directo: “No me van a callar”, al reiterar que no normalizará conductas que, afirma, limitan la participación de las mujeres en la vida pública.
Por su parte, el legislador federal ha rechazado los señalamientos y ha señalado que existe una campaña de desprestigio en su contra. El intercambio ocurre en medio de diferencias políticas relacionadas, entre otros temas, con un exhorto promovido por la diputada para revisar y mejorar el servicio de transporte público en Salamanca.
En capturas difundidas en redes sociales se observa un mensaje atribuido a Prieto Gallardo dirigido a legisladores locales, en el que solicita no respaldar la propuesta y cuestiona la postura de la diputada. La autenticidad, contexto y alcance de dichos mensajes forman parte del debate público y del análisis que, en su caso, realicen las autoridades correspondientes.
El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión la figura de la violencia política en razón de género, contemplada en la legislación electoral mexicana, y abre un proceso institucional que deberá resolverse conforme a derecho. Mientras tanto, el diferendo se desarrolla en un escenario donde comienzan a perfilarse proyectos y liderazgos rumbo a los próximos procesos electorales en la entidad.
