El Ayuntamiento de Salamanca está legalmente obligado a pagarle casi 300 mil pesos a la ex regidora Herlinda Castillo Aguado porque fue destituida de manera ilegal, sin que existiera autoridad competente para hacerlo, y porque el gobierno municipal perdió definitivamente el juicio al no impugnar la sentencia dentro del plazo legal.
La razón es jurídica y directa; a un regidor solo puede suspenderlo o destituirlo el Congreso del Estado. Ni la Contraloría Municipal ni el presidente municipal tienen esa facultad. Aun así, Herlinda Castillo fue destituida y la decisión fue notificada desde la Presidencia Municipal durante la administración encabezada por César Prieto Gallardo, acto que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato declaró ilegal.
El fondo del asunto quedó resuelto el 1 de diciembre de 2025 dentro del expediente P.A.S.E.A.44/SALA ESPECIALIZADA/2025, cuando la Sala Especializada determinó que la destitución carecía de sustento legal por falta de competencia de la autoridad que la ejecutó. Ese solo hecho dio derecho a la ex regidora a reclamar el pago de las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo separada del cargo.
El origen del acto ilegal se ubica en la Contraloría Municipal, donde Gonzalo Esaú Cano Calvete fungía como subcontralor de Asuntos Jurídicos y titular de la autoridad substanciadora y resolutora del procedimiento administrativo. Desde esa posición, indujo y validó la destitución, pese a que no tenía atribuciones legales para separar a una regidora. Esa recomendación llevó al presidente municipal a notificar una destitución que no debía ejecutarse.
Aunque públicamente se afirmó que el Ayuntamiento agotaría todos los recursos legales, la administración municipal dejó vencer el plazo para impugnar la sentencia. No se presentó recurso ni amparo alguno. Por esa omisión, el fallo causó ejecutoria y quedó firme, definitivo y obligatorio.
El 27 de enero de 2026, Herlinda Castillo solicitó formalmente al Tribunal que se declarara la ejecutoria, al haber fenecido el término sin actuación del Municipio. En consecuencia, el Tribunal requirió al Ayuntamiento de Salamanca y a su Órgano Interno de Control para que acrediten el cumplimiento de la sentencia en un plazo de cinco días hábiles, que vence el jueves 5 de febrero, bajo advertencia de medios de apremio.
El monto a pagar se integra por dieta no cubierta, despensa y fondo de retiro, que originalmente sumaban $219,115.67 pesos, cifras respaldadas con comprobantes timbrados por el propio Municipio. Al no cumplirse oportunamente la sentencia, la cantidad fue actualizada conforme al INPC y se le aplicaron gastos de financiamiento del 1.5% mensual, elevando la deuda a $292,704.76 pesos.
En otras palabras, Salamanca tendrá que pagar porque destituyó sin facultades, perdió el juicio y dejó pasar el tiempo, lo que incrementó el costo con recursos públicos.
En paralelo, la parte actora ha informado que en los próximos días se presentará una denuncia penal por abuso de autoridad contra César Prieto, por haber ejecutado y notificado una destitución ilegal, y contra Gonzalo Esaú Cano Calvete, quien desde la Contraloría indujo el acto y que hoy, como secretario del Ayuntamiento, será incluido en la denuncia por su responsabilidad en el origen del procedimiento.
La información y los datos contenidos en esta nota fueron obtenidos a partir de una entrevista sostenida con la defensa de la ex regidora, encabezada por el abogado Javier Rangel Ávila, quien aseguró contar con la documentación oficial que respalda cada uno de los hechos aquí descritos.**
Lo que ya no está en debate es el núcleo del caso; la destitución fue ilegal, el juicio está perdido y el pago a Herlinda Castillo es obligatorio. Lo penal vendrá después.
