Poder e impunidad
Por: Alfonso Díaz Rey
«[…] en toda sociedad de clases en la que existe un régimen de propiedad privada de los medios de producción, una pequeña fracción de la clase dominante […] controla la mayor parte de dichos medios y, en general, de la riqueza social, lo que le permite, mediante el empleo de diversos métodos, ejercer el poder político.»
Alonso Aguilar Monteverde [1]
Cuando a través de los medios de información nos enteramos que algún exfuncionario público, empresario o personaje vinculado a los dos primeros es detenido o investigado por actos de corrupción o algún otro ilícito, muchos quizá pensamos que existe la justicia en este país.
Si ello sucede, que no es poca cosa, habría que apoyar las acciones a erradicar ese tipo de conductas lesivas a la sociedad y al país; sin embargo, conviene tener claridad del grado de responsabilidad de quienes en determinado momento son detenidos o sujetos a investigación por ese tipo de actos.
Un breve análisis acerca de quienes se encuentran en esa situación nos mostrará que se trata de elementos desechables o prescindibles del sistema, son partes de una maquinaria que pueden ser fácilmente reemplazables, no importa si han sido gobernadores, secretarios de Estado o «prósperos» empresarios. Veríamos que quienes real, escandalosa y desmedidamente lucran y promueven la corrupción y otros ilícitos contra la sociedad y la nación, son intocables y permanecen en total impunidad. Ellos conforman la oligarquía local (me resisto a considerarla nacional), que en estrecha alianza con la oligarquía internacional ejercen realmente el poder en este y muchos países.
Como muestra, podemos tomar lo sucedido el pasado 9 de julio en una de las empresas del Grupo México, cuando durante una operación de trasvase de ácido a una embarcación se derramaron al mar tres mil litros de ácido sulfúrico (esa cantidad declararon), en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora; y aun cuando se impidió el paso a autoridades ambientales y de protección civil al área del accidente, el responsable de la Unidad Municipal de Protección Civil se atrevió a declarar que no hubo daños ni consecuencias por la fuga de ácido.
Es más que obvio que para cualquier actividad peligrosa deben existir protocolos para eventos que se desvíen del curso normal de la actividad; no dudamos que los tengan pero sí de la capacidad de implementarlos; es la conclusión tras conocer el historial de esa empresa y sus directivos, con Germán Larrea a la cabeza, en aspectos de accidentes industriales y ambientales.
Recordemos que en el año 2006 ocurrió una explosión en la mina Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, en la que fallecieron 65 mineros, de los que solamente fueron rescatados dos cuerpos, porque a la empresa le resultó antieconómica la búsqueda y rescate de los demás fallecidos.
También, en 2014, otra empresa del mismo grupo derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado al arrollo Tinajas, en Cananea, Sonora, contaminación que alcanzó al río Bacanuchi y al río Sonora, en el que es considerado el peor desastre de su tipo en nuestro país.
En octubre de 2016 ocurrió un derrame de 10 mil litros de ácido sulfúrico en Nacozari, Sonora.
En mayo de este año, derramaron 20 mil litros de líquidos con sedimentos tóxicos que afectaron un río en la comunidad de San Martín, Sombrerete, Zacatecas.
Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la actividad minera del Grupo México, de Germán Larrea, ha tenido 22 accidentes con impactos ambientales adversos significativos, y continúa como si nada hubiera sucedido
Ese grupo, liderado primero por Jorge Larrea y posteriormente por su hijo Germán, inició como una empresa constructora que al amparo de negocios con anteriores gobiernos, la adquisición de empresas paraestatales desincorporadas por los gobiernos neoliberales que hemos padecido, la explotación de sus trabajadores y el saqueo a la nación, se convirtió en un poderoso consorcio con instalaciones industriales en México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y España; tiene clientes en México, Estados Unidos, Latinoamérica. Europa y Asia.
Entre otras filiales, pertenecen a ese grupo: Americas Mining Corporation, Asarco, Southern Cooper Corporation, Los Frailes, Ferromex, Ferrosur, México Compañía Constructora, Controladora de Infraestructura Energética México, Controladora de Infraestructura Petrolera.
El Grupo México es en estos momentos el centro de la atención por reiteradas ocasiones en que accidentes ocurridos a empresas del grupo han provocado graves afectaciones ambientales y sociales que hasta el momento permanecen impunes; sin embargo, no es solamente ese grupo el causante de desgracias producto de la corrupción y la comisión de todo tipo de ilícitos, es esa pequeña fracción de la población, la oligarquía, que ejerce su hegemonía sobre el resto, a la que el Grupo México pertenece.
Como el Grupo México, existen en nuestro país otros que por vías similares han acumulado tal poderío económico que les permite ejercer el poder real y casi absoluto. Son quienes determinan las decisiones económicas, políticas y sociales que se toman en el país y, por consiguiente, quienes obtienen los mayores beneficios de esas decisiones.
Así funciona el sistema. Cualquier transformación de fondo necesariamente afectará sus intereses y tendrá que modificar las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales en las que el actual sistema se sustenta, además de crear unas nuevas que funcionen para beneficio del pueblo.
Es esa oligarquía, sus aliados y sus sirvientes, quienes constituyen, en carne y hueso, el rostro del verdadero enemigo de nuestro pueblo; por ello, cualquier acción o medida encaminada a restarles poder, merece el apoyo decidido y crítico de quienes estamos por una real transformación en nuestro país.
[1] Aguilar Monteverde A. La burguesía, la oligarquía y el Estado. Editorial Nuestro Tiempo, Tercera Edición, México, p. 81
