BIÓSFERA

Estudio de ríos, lagos, acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos. Mayo del 2018

Por: Guillermo Alejandro Ramírez Carmona

Este estudio realizado por la Universidad Autónoma de México, UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se presenta aquí en forma resumida, para que los lectores conozcan la magnitud de los problemas que tiene enfrente la ciudadanía mexicana.

Empezaremos por La problemática del agua y los derechos humanos en México, que se divide en los siguientes capítulos:

– Los problemas contemporáneos del agua ¿Qué los agudiza?

Existen varios factores y se mencionan los más importantes como son: la dependencia y la pérdida de la soberanía nacional, impulsar los intereses del capital transnacional y el de las élites económicas nacionales en la mercantilización de la naturaleza, la fragmentación del territorio y en particular el de las zonas indígenas y campesinas, la represión y violencia del Estado y actores privados, el adelgazamiento del estado, cambios en la legislación y mayor apertura y facilidades para la inversión privada y extranjera y las actividades económicas que tienen una elevada demanda de agua de sus descargas son contaminantes.

– Los proyectos para concretar el despojo y la privatización del agua y el suelo y sus implicaciones sociales y ambientales.

La inversión en el territorio nacional está soportada por la modificación de las leyes como es el caso del Agua y la Minería. Con los gobiernos neoliberales han proliferado los llamados “megaproyectos” tales como presas hidroeléctricas, acueductos y obras de trasvase, los que garantizan el agua y energía a los nuevos conjuntos habitacionales, los complejos turísticos e inmobiliarios, los parques industriales, la agricultura comercial de exportación y la minería.

De esta forma, se trastoca la dinámica de los pueblos por su reubicación y la expropiación de sus territorios, por lo que se violan los derechos humanos y en particular los derechos de los pueblos indígenas quienes generalmente no son consultados frente a los megaproyectos.

Tampoco se consideran otros costos sociales y económicos como la pérdida de su identidad y los cambios drásticos en sus estrategias productivas de supervivencia.

Los costos sociales, ambientales y culturales son minimizados para justificar los megaproyectos en las áreas ya mencionadas.

Finalmente, con la reforma energética se abrió paso a la inversión privada nacional y extranjera en sectores otrora administrados por el Estado.

– Los conflictos socio ambientales y las resistencias locales en defensa del agua y el territorio.

Han surgido un sin número de conflictos socio ambientales, que deben ser entendidos desde la óptica de la Ecología Política.

La tabla que a continuación se presenta, enuncia los conflictos por el agua en las cuencas hidrológicas del país.

La devastación hídrica en México y la afectación de los derechos humanos: la visión de la sociedad civil.

– Afectación de los derechos humanos por restricciones en el acceso al agua, para abastecimiento humano.

En la mayor parte de los asentamientos humanos donde habitan los pobres del campo y la ciudad, se experimentan severas restricciones en cuanto a la disponibilidad del agua como resultado de la ausencia de políticas públicas que resuelvan las carencias históricas en cuanto a infraestructura hidráulica, así como de subsidios para apoyar la prestación del servicio. Los costos del consumo de agua son altos, pues la dispersión de los asentamientos humanos, el uso de pozos profundos, rebombeo del agua y la limitación en la disponibilidad que obliga a su compra con cisternas. Con estas deficiencias, la erogación en materia de agua es más alta para la población de escasos recursos económicos.

Finalmente, como resultado de los informes por la sociedad civil organizada y el informe del relator de la ONU, en materia de derechos humanos al agua y saneamiento, está claro que el gobierno mexicano tiene varios retos que debe cumplir con los compromisos internacionales mismos que ya han sido plasmados en la Constitución Política Mexicana.

– Afectación de los derechos humanos por la privatización del servicio de agua.

En el marco de la visita del Relator Especial de Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, DHAyS de la ONU en el 2017, las organizaciones sociales hicieron observaciones sobre los procesos de privatización del servicio del agua y saneamiento que han sido injustos para los municipios y usuarios, antieconómicos, dañinos al medioambiente y opacos (COMDA,2017). Además, señalan que no aseguran el respeto a los DHAyS, al omitir los principios de la Observación General Número 15, firmada y ratificada por México ante las Naciones Unidas.

Plantearon que en México prevalece un modelo de gestión del agua, excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar y la equidad.

En los años recientes han emergido resistencias ciudadanas que se han opuesto a los cambios legales en la materia de agua potable que favorece la privatización. Esto llevó a que se presentaran 16 controversias constitucionales frente al peligro de reducir su accesibilidad al agua y se hicieran enmiendas para suprimir el apartado que generó descontento y se tuviera una nueva redacción, que para muchos es ambigua.

– Afectación de los derechos humanos por la apropiación y contaminación del agua para la extracción minera.

Los problemas de deficiente calidad para consumo humano están relacionados con la contaminación de las fuentes de abastecimiento por sobreexplotación de los acuíferos, intrusión salina, lixiviados y vertido de desechos orgánicos e industriales, entre otros.

La Secretaría de Salud tiene la responsabilidad general de vigilar la calidad del agua potable, y está obligada a fijar los niveles de calidad para el agua potable que deben cumplir los proveedores, mientras que las leyes estatales pueden incluir obligaciones y requisitos adicionales.

El Relator Especial señala que se requieren diversas medidas cuando se aplica la perspectiva de los derechos humanos.

– Afectación de los derechos humanos por las actividades de la extracción de hidrocarburos que acaparan y deterioran las fuentes de agua.

Como resultado de la expansión de la minería, han emergido varios conflictos por el agua que afectan los derechos humanos, se han documentado algunos conflictos en Puebla, Oaxaca, Colima, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sonora donde empresas mineras como Industrias Peñoles, Grupo México, Grupo Frisco, Grupo Minero Bacis, Mine Finder Corporation y Linear Gold, son denunciadas por la afectación en la cantidad y calidad del agua y sus respectivos riesgos en la salud humana.

Según la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, los Estados y las empresas transnacionales petroleras y mineras omiten toda consideración sobre los efectos destructivos de sus actividades.

La realización efectiva del derecho humano al agua potable, se encuentra en riesgo seriamente en el contexto de una reforma energética cuya apuesta es meramente económica, alejada de la visión desarrollo sostenible y lesiva en términos de derechos humanos.

A partir de la reforma en materia energética que promovió el gobierno Federal en el 2013 y sus leyes secundarias, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, tienen ahora “preferencia” sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados por aquellas.

– Afectación de los derechos humanos por las obras hidráulicas que conllevan el desplazamiento forzado, migración y pobreza.

Desde el año 2003, numerosos pueblos y organizaciones sociales se han agrupado en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, para denunciar y visibilizar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos de los pueblos provocadas por la imposición de presas.

Entre ellas resalta, según las denuncias: el desalojo y desplazamiento forzoso de más de 185 000 personas; la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; el desmembramiento de los territorios ancestrales; el derecho a la vivienda; el derecho a conservar las formas tradicionales de su vida, entre otros.